OPINIÓN

Pluriaños con un clic. Escuelas secundarias del Delta amenazadas por el ajuste provincial

Por Frente de Docentes Isleños*

El Estado Provincial, a través de la inspectora jefa distrital Clarisa Cea, afirmó haber dado de baja unilateral y arbitrariamente a los docentes que dictan clases en cursos de la ES9 de Río Carabelas y la ES22 de Río Paraná Miní y Chaná, en el delta de San Fernando, que la Provincia pretende cerrar desde el 14 de febrero.

Así nomás, como usted lee. A pesar de que los directivos vienen firmando en disconformidad desde que empezó el conflicto. A pesar de las irregularidades del procedimiento, que lo tornan nulo. A pesar de que se han pedido explicaciones por medio de actas que hasta ahora no recibieron respuesta. A pesar de que ambas escuelas ya tienen fecha para reunirse en Tratamiento de POF con autoridades y gremios a analizar el caso escuela por escuela, como se hace cada año.

Desde la comodidad de un escritorio, “y con sólo un clic”, sin escuchar razones ni dar explicaciones a nadie, sin acatar los procedimientos para la baja de los CUPOF (Código Único de Puesto Orgánico Funcional), la Provincia pretendería dar por terminado el problema. Muerto el perro se acabó la rabia, y qué tanto.

“Sanchez Zinny le indicó a [La Jefa Inspectora Regional Elsa] Luna, Luna le indicó a [La Inspectora Jefe distrital Clarisa] Cea y Cea nos indicó a nosotros que debemos continuar con la optimización de recursos en estas dos escuelas”, explicaba el viernes la inspectora areal Elena Pellegrini ante la mirada atónita de docentes y directivos de las escuelas 9 y 22.

El Gobierno Provincial miente. “Optimizar recursos” es un eufemismo para despoblar, empobrecer y violar el derecho a la educación de los adolescentes isleños.

Además, Cea indicó a los directivos que notificaran a los docentes que estaban dados de baja, y que ya no podían ir a la escuela, (al estar dados de baja no están autorizados a estar frente a alumnos, ni están cubiertos por la ART). De no acatar la indicación, estarían incurriendo en falta grave, con lo que los sancionarían con un sumario. Así está la cosa. Pretenden crear pluriaños de manera ilegal, afirman haber dado de baja a docentes (de manera ilegal), pero pretenden aplicar la ley para sancionar a los directivos si desobedecen.

Sin embargo, la baja no pudo confirmarse. Al ingresar al sistema, las secretarias encontraron una situación confusa. Los docentes figuran activos pero no tienen horas de clase asignadas. Un NI.

Sea como fuere, directivos, docentes y comunidades de ambas escuelas están de acuerdo: La indicación de optimizar recursos por medio de la creación de pluriaños no será acatada. Por ilegal, inconsulta, infundamentada y porque es perjudicial para la calidad educativa de nuestros alumnos. La reunión para el Tratamiento de la Planta Orgánica Funcional que tendrá lugar los primeros días de mayo será la oportunidad para dialogar y fundamentar esta postura. Necesitamos mejorar la escuela secundaria en el delta, “optimizarla” (buscar la mejor manera de realizar una actividad, según la Rae) pero de verdad.

Existe algo llamado normativa

La creación de pluriaños en las escuelas secundarias 9 de Río Carabelas y 22 de Río Paraná Miní y Chaná, del delta de San Fernando, tal como la propone el gobierno provincial desde el 14 de febrero, es ilegal.

¿Cómo es esto? El cierre de cursos sólo puede implementarse -según la normativa vigente- luego del Tratamiento de la Planta Orgánica Funcional (POF), donde cada año los directivos de escuelas públicas elevan todos los datos de los establecimientos que dirigen: matrícula, condiciones edilicias, plantel docente, carga horaria, etc. Esa información es desglosada y analizada por las autoridades junto con los directivos y los representantes gremiales, en reuniones conocidas como “Tratamiento de la POF”. Y es el momento donde puede haber “observaciones” (baja de matrícula, superpoblación, espacios edilicios insuficientes, etc.)

Las observaciones hechas en el tratamiento de la POF tienen que remediarse en el lapso de un año (estableciendo estrategias para bajar la deserción escolar, por ejemplo), hasta el siguiente tratamiento de POF, donde se podrían tomar medidas, debidamente argumentadas.
Hablando llanamente, el procedimiento legítimo sería el siguiente: en un tratamiento de POF la escuela es observada, y -si no se logró revertir la situación- en el tratamiento de POF del año siguiente, se toman las medidas.

Nada de esto es respetado por la actual administración. La indicación de cerrar cursos fue, tal como en el caso de la “reorganización” de escuelas y jardines, a través de una nota que habla de “optimización recursos”, pero sin diagnóstico ni fundamento, y aún más: a pesar de que el análisis de la POF 2017 no fue observada en ninguna de las dos escuelas en cuestión.

Y no fueron observadas porque no hay qué observar. La “poca cantidad de alumnos” que el gobierno esgrime en los medios como argumento, no es pertinente. Las escuelas secundarias rurales, a diferencia de las escuelas secundarias urbanas, no tienen mínimo de matrícula por curso.

La decisión de cerrar, entonces, como quedó labrado en acta del 19 de febrero ante las autoridades, “es ilegal, arbitraria y unilateral, lo cual torna al procedimiento nulo de nulidad absoluta”. Sin embargo, la inspectora Jefa Regional, Elsa Luna, la Inspectora Jefa distrital, Clarisa Cea y los inspectores areales Elena Pellegrini y Daniel Gil insisten en querer implementar el cierre de cursos, a pesar de que conocen la normativa (y son los encargados de aplicarla), escudándose en que es una indicación directa del Ministerio de Educación provincial.

Esta es la razón administrativa por la que los directivos de las escuelas involucradas se niegan a acatar el procedimiento. El Tratamiento de la POF 2018 es el lugar natural y legítimo para tratar las realidades de las escuelas, analizar problemas y soluciones, argumentar y fundamentar. Y, si cabe, hacer observaciones que deberán ser solucionadas en el lapso de un año, hasta el Tratamiento de POF 2019. No se trata de rebeldías porque sí, ni de voces únicas. Se trata de respetar las instancias establecidas en la normativa para poder trabajar en la verdadera “optimización” de las escuelas isleñas.

(*) Frente de Docentes Isleños

 


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