La imperiosa necesidad de modernizar el Poder Judicial

Por Diego Pando*

La abrumadora predominancia de lo escrito, el papeleo vicioso, la proliferación de instancias, la jerga elitista, las notificaciones y sentencias difíciles de comprender aun para personas con buena formación intelectual que no sean abogados, una estructura de almacenamiento de documentos físicos poco confiable en términos de seguridad y la falta de transparencia y de apertura a la sociedad, entre otras cuestiones, justifican ampliamente poner en un lugar prioritario de la agenda pública a la modernización del ecosistema judicial.

En este contexto, las tecnologías de información (TI) constituyen herramientas clave para mejorar la eficiencia y la eficacia de la actuación del Poder Judicial. No pretendo caer en los cantos de sirena de las TI, los cuales, a partir del enorme potencial de cambio que significa la utilización de estas herramientas, le asignan a lo tecnológico, ya sea por conveniencia o por error, una función casi mágica que solucionaría todos los problemas de gestión. Pero sí es importante reconocer que el ecosistema judicial no escapa a la tendencia general marcada por las profundas transformaciones que produce y puede producir la utilización intensiva de TI para que las organizaciones fortalezcan sus capacidades de gestión.

En la última década la gran mayoría de los éxitos de transformación que experimentaron las instituciones públicas en la Argentina y a nivel internacional se logró a partir de la utilización intensiva de las TI, en la medida que son poderosas herramientas que permiten simplificar trámites, reducir costos y tiempos de espera, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas e incentivar la participación ciudadana.

Ahora bien, la utilización de TI en las instituciones públicas es un fenómeno que trasciende ampliamente lo tecnológico. Existe una ineludible dimensión político-institucional que es necesario considerar en la medida en que el uso intensivo de TI conlleva modificar estructuras jerárquicas, replantear flujos de trabajo, rediseñar procesos, reasignar recursos humanos y transferir partidas presupuestarias, entre otras cuestiones. Es decir, utilizar TI implica en última instancia alterar el equilibrio de poder existente en las instituciones públicas. El valor de estas herramientas es innegable pero no se puede “hacer de cuenta” que los conflictos no existen, porque son constitutivos de los intentos de transformación de la gestión pública.

En este sentido, el Poder Judicial tiene un largo camino por recorrer en dos dimensiones complementarias. Una, la generación de condiciones para el desarrollo de la TI (infraestructura, firma digital, identificación, autenticación, seguridad, estándares abiertos, protección de datos personales, capacitación del personal, multicanalidad, entre otras). La segunda dimensión se construye a partir de (y en paralelo con) la anterior, y consiste en crear y fortalecer servicios a nivel institucional (digitalización de expedientes, simplificación de trámites y de procesos administrativos, compras públicas electrónicas, promoción del acceso a la información pública, apertura de datos para permitir su reutilización, intercambio de información con otros ámbitos para facilitar el ejercicio de derechos). Es tan importante avanzar en estas dos dimensiones como también hacerlo desde una mirada que aporte a la consistencia y coherencia sistémica.

Avanzar en estas dos dimensiones implica abordar múltiples desafíos. El peor riesgo consiste en considerar al uso intensivo de TI para modernizar el Poder Judicial como un proceso unidireccional que puede seguirse de manera irrestricta y sin considerar los condicionantes político-institucionales. Construir un liderazgo estratégico del más alto nivel, neutralizar las resistencias al cambio, evitar la proliferación de normas y procedimientos, repensar el valor agregado de cada trámite, orientarse hacia las necesidades de los ciudadanos, gestionar la inherente tensión entre el dinamismo tecnológico y los plazos para las compras y adquisiciones, desarrollar una burocracia de profesionales informáticos capacitados y bien remunerados, entre otras cuestiones, constituyen desafíos que aparecen en el horizonte.

Muchos de estos desafíos se potencian, se retroalimentan, se superponen unos a otros y terminan configurando un escenario complejo para la imperiosa necesidad de modernizar el Poder Judicial. Y, desde ya, son desafíos que no están dados de una vez y para siempre.

El reconocimiento de estos desafíos inherentes a toda iniciativa de impacto basada en el uso intensivo de TI ilustra la complejidad político-institucional del fenómeno en cuestión, al mismo tiempo que sirve para llamar la atención de los riesgos asociados a promover esfuerzos guiados pura y exclusivamente por la apelación a la buena voluntad de los actores del ecosistema judicial.

* Diego Pando. Doctor en Ciencia Política y de la Administración. Profesor e investigador universitario. Editor general de San Fernando Nuestro. En Twitter @diepando

Nota publicada en Revista UdeSA