by Sabrina Garcia | 3 septiembre, 2019 12:10 am
Rechazaron el pedido de excarcelación de Pamela Giménez, que podría ser procesada en las próximas horas.
La funcionaria de la fiscalía de San Fernando acusada de haber vendido a bandas de delincuentes de la zona al menos 14 armas de fuego, que habían sido secuestradas en distintos operativos y debían estar a resguardo en la dependencia judicial, seguirá presa.
En las últimas horas, el juez de Garantías del Departamento Judicial San Isidro Esteban Rossignoli rechazó la solicitud de excarcelación presentada por la defensa de la oficial de Justicia, que en consecuencia continuará detenida hasta que los tres fiscales que investigan el robo de los efectos que tenía bajo su custodia resuelvan si le piden la prisión preventiva, acusada de los delitos de peculado y sustracción de medios de prueba, en concurso con provisión de arma de guerra.
Hace tres días, el magistrado había autorizado la apertura de los teléfonos celulares secuestrados a la imputada, identificada como Pamela Giménez, de 37 años, para realizar un entrecruzamiento de llamadas con el objetivo de intentar determinar quiénes recibieron las armas de fuego que habría sustraído de la oficina de efectos.
Durante la última semana declararon como testigos dos de los tres funcionarios judiciales que también tenían la llave de la oficina judicial. La tercera funcionaria con autorización de ingreso en ese recinto no declaró. Fuentes de la investigación indicaron que la mujer estaba de viaje en Europa.
Además, los investigadores habrían decidido postergar la declaración como testigo de esta funcionaria debido a algunas irregularidades halladas en su situación patrimonial. Se intenta establecer si tuvo algún vínculo con la maniobra que se le imputó a su compañera, la oficial de 4ta categoría Giménez.
Hasta tanto se deslinden las responsabilidades del escandaloso caso, la semana pasada los responsables del Ministerio Público de San Isidro resolvieron trasladar preventivamente a tres secretarios judiciales a otras fiscalías de la zona.
La oficial de Justicia fue apresada el 16 de agosto pasado junto con su exnovio, identificado como Matías Horacio Lermee. Según fuentes de la investigación, la sospechosa habría conocido a su expareja cuando él estuvo detenido a disposición de esa fiscalía, acusado de un robo.
La investigación que terminó con la detención de la funcionaria judicial y de su cómplice comenzó la primera semana de agosto, cuando el jefe de calle de la comisaría de San Fernando descubrió que un usuario de Facebook ofrecía armas de fuego a través de esa red social.
Entonces el jefe de la dependencia y su subordinado denunciaron el hecho ante la Justicia. Al profundizar la pesquisa se estableció que el sospechoso que ofrecía las armas por internet -también lo habría hecho por WhatsApp- se jactaba de tener vínculos con una funcionaria de una fiscalía de la zona.
“El hombre que vendía las armas les decía a sus compradores que estaba saliendo con una fiscal de San Fernando que se las conseguía”, explicaron fuentes judiciales.
Como la denuncia involucraba a personal del Ministerio Público, intervino en el caso el fiscal general de San Isidro, John Broyad, que designó al fiscal Patricio Ferrari para que colaborara con sus colegas Alejandro Musso y José Amallo, del Área de Investigaciones Criminales de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de San Fernando. Giménez prestaba servicio en el área correccional de esa misma fiscalía.
En la investigación se habría determinado que, además de las 14 armas de fuego, la funcionaria habría vendido 50 artículos secuestrados judicialmente, entre ellos, relojes de alta gama robados.
Durante los allanamientos ordenados por los fiscales José Amallo y Alejandro Musso, fueron secuestrados objetos que la funcionaria tenía bajo su custodia y eran ofrecidos a la venta. Entre ellos, videos de cámaras de seguridad e hisopados que podrían haber estado relacionados con alguna causa judicial. Se investiga si los tenía para hacerlos “desaparecer” por pedido de alguna banda, quizás, a cambio de dinero.
Al ordenar el pedido de detención de la funcionaria, los fiscales dispusieron el secuestro de una pistola Colt calibre 11.25 y de un Bersa Thunder 9mm que eran ofrecidas por internet y que debían estar bajo custodia de la funcionaria imputada.
Fuente: Gustavo Carabajal para La Nación
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