Seis condenas y tres absoluciones en el “juicio de los obreros”

by Sabrina Garcia | 8 octubre, 2014 12:09 am

Los integrantes del TOF 1 de San Martín escucharon las últimas palabras de los acusados y por la tarde dictaron la sentencia por el secuestro y desaparición de 32 obreros. Fueron condenados Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Bignone y otros cuatro represores. La fiscalía y la querella señalaron el vínculo entre los empresarios y la dictadura.

“Si de verdad están arrepentidos, que digan qué hicieron con nuestros compañeros”, la frase se repitió entre los sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos, en la puerta del Tribunal Oral Federal de San Martín. Minutos antes, los nueve imputados en la causa por la desaparición de los obreros de varias fábricas de la zona norte del Gran Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar tuvieron la oportunidad de dar sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia, que se leyó por la tarde.

Fueron condenados: Santiago Omar Riveros a perpetua;Reynaldo Benito Antonio Bignone, a 23 años de prisión;Juan Demetrio Luna, a 9 años; Luis Sadi Pepa, a 17; Eugenio Guañabens Perelló, a 16 años; Juan Carlos Gerardi, a 9 años. Y fueron absueltos: Roberto Julio Rossin, Héctor Omar Maldonado y Alejandro Puertas.

Antes de la sentencia, los ex generales Riveros y Bignone, que tenían a su cargo la zona militar de Campo de Mayo, guardaron silencio. La misma actitud tomaron el ex jefe policial Luna y los represores Sadi Pepa y Guañabens Perelló. Los prefectos Gerardi, Rossin, Maldonado y Puertas decidieron hablar. Palabras más o menos, los cuatro pidieron perdón a los familiares de las víctimas y dijeron que obedecieron órdenes de sus superiores. Walter Vivanco, sobreviviente del astillero Astarsa, resumió la actitud de los imputados en una sola frase: “Todo una pantomima”.

[1]En la puerta de los Tribunales de calle Pueyrredón en San Martín, hay un barco de madera que, pintado a mano, dice “Comisión Memoria, Verdad y Justicia zona norte”. Hasta ahí lo llevaron los militantes de derechos humanos, sobrevivientes al terrorismo de Estado y familiares de desaparecidos que esperan ansiosos la lectura del veredicto en el juico que, como parte de la megacausa Campo de Mayo, investiga la desaparición de 32 trabajadores el secuestro y tortura de otros 28. Todos trabajaban en los astilleros Astarsa y Mestrina y las fábricas de cerámica Lozadur y Cattáneo.

Se trata de una de las causas que toma especial relevancia porque pone el foco en la relación cívico militar durante la última dictadura. Es que la desaparición de los delegados de las comisiones internas estaba directamente relacionada con los directorios y oficinas de personal de las empresas. “Las corporaciones fueron los verdaderos autores del genocidio y del terrorismo de Estado, que se asentó bajo un modelo económico”, afirmaron en los alegatos las querellas encabezadas por los abogados Ciro Annicchiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos y Pablo Llonto.

El fiscal Marcelo García Berro, pidió la pena de prisión perpetua para Riveros; 25 años de prisión para Bignone; 20 años de prisión para Sadi Pepa; 18 años de prisión para Guañabens Perelló; 15 años de prisión para Gerardi y Luna, y 9 años de prisión para Rossin, Puertas y Maldonado. En todos los casos requirió también inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Por su parte, los querellantes coincidieron en el pedido para Riveros y Bignone, pero para el resto de los imputados solicitaron 25 años de prisión.

Llonto después de la audiencia de esta mañana, dijo: “Ojalá que la condena para todos responda a lo que hemos pedido. Por supuesto que siempre escuchar a un genocida o a quienes participaron del terrorismo de Estado pedir disculpas pero no contar la verdad genera un sentimiento contradictorio. Causa bronca porque los familiares están predispuestos a escuchar pedidos de disculpa, pero siempre y cuando tengan la verdad. Son frases hechas para tratar de conmover al Tribunal, por ahí lo logran, pero no nos da a nosotros ningún tipo de respuesta”.

A la espera de justicia

[2]Graciela Villalba lleva el rostro de su padre, Mauricio, en un prendedor. Él era trabajador del astillero Astarsa y está desaparecido desde mayo de 1977 cuando una patota se lo llevó de su casa en plena madrugada. Otros siete obreros navales, esa misma noche del 25 de mayo, corrieron la misma suerte. Ese mismo día, a Mauricio, que era delegado de los trabajadores navales, le habían dicho en la empresa que se diera por despedido. Astarsa lucía en sus puertas camiones militares y soldados custodiando quién entraba a trabajar y quién no.

Walter Vivanco, trabajador de Astarsa sobreviviente, secuestrado y torturado por la policía, recuerda que había listas negras y que al momentos de los secuestros fueron directo a los que participaban sindicalmente.

Graciela confía. Tiene la esperanza de que a Riveros, único imputado por lo que le ocurrió a su padre, el Tribunal le de prisión perpetua. “El perdón de los prefectos da impotencia, ellos cometieron actos de violencia, asesinaron desaparecieron a nuestros familiares y nosotros lo único que hacemos es levantar la fotos de nuestros desparecidos para que los miren”, dijo la mujer mientras espera la lectura de la sentencia.

Alberto Ponce fue secuestrado el 27 de octubre de 1977. Lo tuvieron casi 30 horas hasta que secuestraron a su hermano José Agustín Ponce. Los dos trabajaban en la fábrica de cerámicos Catáneo. Alberto, por lo que pudo reconstruir estuvo secuestrado en Campo de Mayo y presume que su hermano también. Él es uno de los querellantes en la causa, dice que tiene mucha expectativa por lo que pueda ocurrir a la tarde y que hace una semana que tiene una “ansiedad bárbara” por la llegada de este momento.

Un perdón sin arrepentimiento

El primero en tomar el micrófono para decir algo fue Juan Carlos Gerardi. Saco marrón, anteojos, la voz un poco temblorosa. Parado en el lugar desde donde siguió el juicio que lo tiene como imputado, dijo que él se limitó a cumplir “funciones específicas” durante la “lucha contra la subversión” y solo había hecho inteligencia. Agradeció al Tribunal por la oportunidad de hablar y pidió disculpas a las familias de los desaparecidos.

El micrófono pasó a las manos de Roberto Julio Rossin, que repitió más o menos el discurso: “Lo único que hacíamos era hacer guardias y obedecer órdenes”, dijo y después hizo su pedido de disculpas.

Héctor Omar Maldonado, con su boca cubierta por un barbijo, dijo sentirse “avergonzado de lo que pasó” y se sentó después de decir que él nunca torturó a nadie y que siempre se mantuvo a derecho apenas la Justicia lo requirió: “A pesar de saber que iba a quedar detenido me presenté a la Justicia”, dijo.

Por último, Alejandro Puertas recurrió a la obediencia debida como excusa: “nunca pensé que cumplir nuestra tarea hubiera afectado tanto”, dijo y pidió disculpas. El resto de los imputados prefirieron callar.

Fuente: Juan Carrá para Infojus Noticias

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