Por primera vez se presenta un informe sobre violencia institucional en zona norte

Desde el retorno democrático hubo cerca de 400 víctimas de asesinatos o desapariciones por parte de las fuerzas policiales en los distritos del conurbano norte y oeste, según datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional. El relevamiento se realiza sistemáticamente desde hace dos décadas y desde este año tendrá su propio capítulo en la región. Los casos de los primeros meses de la gestión Cambiemos.

Desde la recuperación de la democracia, casi 5.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas en situaciones de gatillo fácil, tortura en cárceles u otros espacios de detención y represión a manifestaciones. Así lo relevó la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que desde 1996 presenta sistemáticamente el Informe Anual de la Situación Represiva, con datos de todo el país. Según esa información, casi 400 de esas víctimas del aparato represivo estatal pertenecen a los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, General San Martín, San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas y Pilar. A 20 años de la creación del primer archivo de casos, por primera vez se realiza el Acto de la Situación Represiva en Zona Norte y Noroeste. Será el próximo sábado, desde las 16 en la Plaza El Talar -197 y Pasteur-, entre movidas artísticas y debates políticos. Será una semana y un día después de la marcha de tigrenses exigiendo un freno a los abusos de las policías local y provincial.

Las denuncias por casos de violencia institucional no son novedad en la región. Aunque por estos días están en boca de todos. Hace menos de dos semanas, un repartidor de harina terminó con una herida cortante en la cabeza por un culatazo y con un tobillo quebrado por la agresión de agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT), la fuerza local de ese distrito. La indignación se potenció cuando se supo que uno de los efectivos que aparecía en el video –ya viralizado- era nada menos que Héctor Eusebio Sosa, quien como parte de la Policía Bonaerense había asesinado en 1999 a Víctor “El Frente” Vital, un adolescente de San Fernando venerado como el santo de los pibes chorros. Cuando Sosa lo mató, estaba debajo de una mesa, con las manos en alto. Además, en el prontuario del inspector del COT se incluían los crímenes de Jonathan Lorenzo y Jorge Andrés Martínez en 2006, así como una denuncia por violencia familiar y abuso sexual. Por eso, el viernes hubo una masiva marcha en Tigre y hoy se presentará un proyecto de ordenanza del Frente para la Victoria para “depurar” la fuerza tigrense.

Pero aquel no fue un caso aislado. El relevamiento de CORREPI da cuenta de un “recrudecimiento de la represión aplicada tanto por el Gobierno de (Mauricio) Macri como por los gobiernos provinciales sobre los trabajadorxs y la juventud. A nivel local lo podemos ver cuando los trabajadores salen a luchar por sus fuentes de trabajo donde la única respuesta que obtienen del gobierno del ‘dialogo’ es más garrote, como les pasó a los trabajadorxs de Menoyo en Munro, a los de RB en Martínez y a los de Bimbo en Pilar. Tampoco nos podemos olvidar de las amenazas que sufrieron los artistas callejeros del FAAO por oficiales del COT”. La enumeración –que advierte sobre la continuidad de prácticas represivas con el gobierno de Daniel Scioli- incluye también la “intrusión de las policías locales en universidades públicas como sucede en la UNGS de Polvorines”, el “hostigamiento y persecuciones por parte de distintas fuerzas” a jóvenes del Barrio Obligado, en San Miguel, entre otros.

“El archivo se hace muchos años. Pero empezamos a tener un equipo en Zona Norte hace unos tres años y queremos darle especial importancia a lo que venimos relevando y que los vecinos sepan lo que está pasando. Lo principal es la visibilización”, destaca Pablo Colombo, integrante de CORREPI en la región. El próximo sábado miembros del equipo que realiza el relevamiento, así como víctimas y familiares del avance represivo participarán de la presentación.

En lo que va del año, todos los distritos de la región fueron protagonistas de episodios de violencia policial e institucional, en distintas formas y niveles. Uno de los casos que logró adquirir cierta visibilidad fue la tortura a Emanuel, un joven de Las Tunas –Tigre- que sufrió una golpiza en marzo en el marco de un supuesto operativo encabezado por policías bonaerenses y de civil. Según se denunció entonces, irrumpieron “sin orden judicial, luego fue ingresado a un móvil de la bonaerense y durante más de dos horas ningún organismo oficial pudo proporcionar datos de su paradero”. En julio, en tanto, una serie de denuncias contra efectivos de la policía local en Pilar motivó reclamos y marchas. Las protestas surgieron luego de que un grupo de padres denunciara a efectivos en el barrio Las Margaritas por “agredir y amenazar a sus hijos de 14 años con un arma 9mm”.

Recientemente, este tipo de hechos fueron alertados mediante el Relevamiento de Casos de Violencia Estatal (RECAVE), que también dio cuenta de una situación preocupante en Zona Norte. El informe reflejaba los cacheos ilegales en la costa de Vicente López; las torturas y amenazas de muerte a un obrero de Tigre por parte de la Bonaerense y las continuas razzias que padecen jóvenes de barrios populares de ese distrito, etc. El informe fue realizado por primera vez por el Centro de Estudios en Política Criminal y DD HH (Cepoc), con la colaboración de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (AciFaD) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).

En las últimas semanas, el asesinato de Víctor González en San Martín mostró un caso de violencia policial en su máxima expresión y fue denunciado por la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. Víctor tenía 37 años, dos hijos y seis hermanos. Trabajaba de albañil y vivía en el pequeño barrio de La Catanga, cerca del cementerio de San Martín. El viernes 23 de septiembre, tras cobrar su sueldo, fue a pagar sus deudas al almacén de la vecina y se quedó en la vereda tomando unas cervezas con amigos. De un segundo a otro murió acribillado por la policía que ingresó al barrio en dos patrulleros persiguiendo a un grupo de presuntos delincuentes. Dos ambulancias que llegaron para socorrerlo no pudieron entrar al barrio porque la Policía no los dejó. Recién pudo ingresar una tercera, 40 minutos después. Pero ya era tarde.

Fuente: El Argentino ZN