Comenzó la indagación a la cúpula de la fiscalía de San Isidro por presunto “encubrimiento de una red narcocriminal”

Julio Novo, sus dos adjuntos y dos secretarias serán interrogados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por su presunto entorpecimiento en las investigaciones del doble homicidio de colombianos en el Unicenter en 2008, por otra ejecución ocurrida en San Fernando en 2009 y por sus vínculos con uno de los hermanos Juliá, preso en España por traficar una tonelada de cocaína.

El fiscal adjunto de la fiscalía general de San Isidro, Rodrigo Caro, será el primero de los cinco altos funcionarios judiciales de ese distrito en desfilar ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Comenzó a ser indagado, en la mañana de ayer, por pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, por el presunto encubrimiento de tres crímenes de ciudadanos colombianos vinculados al narcotráfico. De esta manera, comienza a cerrarse el círculo de sospechas sobre el jefe de todos los fiscales sanisidrenses, Julio Novo, quien declarará recién el jueves 12 de noviembre.

Estos funcionarios judiciales están sospechados de haber realizado maniobras para entorpecer las investigaciones del doble crimen de Héctor Duque Ceballos, alias “Monoteto”, y Jorge Quintero Gartner, acribillados a balazos en el estacionamiento del shopping Unicenter de Martínez, el 24 de julio de 2008; y del asesinato de Juan Sebastián Galvis Ramírez, muerto de diez tiros en un negocio náutico de San Fernando el 23 de febrero de 2009.

Los casos habían quedado en manos de las fiscalías de Luis Angelini y Diego Grau, quienes no pudieron seguir avanzando en los expedientes a pesar de los indicios que tenían de los supuestos autores. Según consta en el dictamen de Domínguez, los cinco imputados “instrumentaron una deliberada y sistemática maniobra compuesta de diversos actos de entorpecimiento, frustración y obstaculización del normal desarrollo de aquella investigación, y mediante el atentado y entorpecimiento de las funciones y facultades que le eran propias a los directores de dichos procesos: los fiscales Grau y Angelini, con el fin de brindar cobertura e impunidad a la red narcocriminal que contextualizó y motivó los homicidios de Unicenter”.

Para el fiscal Domínguez, a partir del día siguiente al doble crimen del shopping, los imputados comenzaron a llevar adelante un plan que incluyó el recorte de recursos a los investigadores, desafectación de personal, el archivamiento de actuaciones, e infligir violencia psicológica laboral a través de innumerables sumarios administrativos aplicados en contra de Grau y Angelini.

Otra de las pistas que evidenciaría este oscuro ardid ocurrió a fines de agosto de 2009, cuando esos dos fiscales debían viajar a cinco ciudades de Colombia para interrogar a diferentes testigos. Pero no pudo ser. Unas 24 horas antes de tomar el avión, una supuesta desinteligencia entre la Fiscalía General de San Isidro y la Procuración Bonaerense frustró el viaje.

Domínguez está convencido de que los cinco imputados -Novo, Caro, el fiscal adjunto Eduardo Vaiani y las secretarias Melisa Rey y Mariana Busse-, “tomaron medidas tendientes a desarticular la capacidad operativa de los investigadores cada vez que avanzaban sobre los autores materiales del hecho o sobre el entorno de Carlos Gustavo Luaces, Gustavo Adolfo Juliá o Madero Office Center SRL”.

Desde la fiscalía federal de San Isidro creen que esos crímenes habrían sido ideados, entre otros, por uno de los hermanos Juliá, condenado y preso en España por intentar ingresar una tonelada de cocaína a través de un avión.

Tras la indagatoria a Caro, el jueves será interrogado Vaiani, y la semana que viene sería el turno Rey y Busse. La última imputada acompañó a Novo entre 2005 y 2008. Luego, abandonó la justicia y fue una de las codefensoras de Gustavo Juliá.

En 2011, tras la detención de Juliá, Busse –casada con el reconocido abogado de acusados de narcotráfico Carlos Broitman- volvió a ocupar un cargo en las fiscalías, esta vez como secretaria de gestión de la unidad descentralizada de San Fernando.

Novo, que será el último en ser indagado, además deberá afrontar un juicio político, aunque por el momento no fue suspendido de su cargo

Fuente: Infonews