A un año del conflicto en Georgalos continúa el reclamo de los trabajadores despedidos

A doce meses de los despidos en la planta de golosinas de San Fernando, dos de los operarios lograron la reinstalación judicial por vía de cautelares, mientras que otros tres continúan la batalla legal. Denuncian “flexibilización laboral” y convocan a mantener la organización colectiva.

Este viernes 5 de junio se cumple un primer aniversario del inicio de un conflicto sindical que alteró el ritmo habitual de la planta que la alimenticia Georgalos posee en Victoria. Se trata de la situación de cinco trabajadores del sector de chocolates que fueron desvinculados de la firma, lo que desató un prolongado plan de lucha que combinó protestas en las calles de Zona Norte, presentaciones ante el Ministerio de Trabajo y fallos judiciales.

A través de un comunicado conjunto dirigido a sus compañeros y compañeras de fábrica, los operarios afectados —Ely, Miguel, Ale, Diego y Maxi— hicieron un balance de lo que calificaron como “un año de dignidad”, ratificando que el reclamo no cesará hasta lograr la reincorporación de la totalidad de los despedidos.

Las causas del conflicto

Según expresan los propios trabajadores en el documento, las cesantías tuvieron un carácter “arbitrario y discriminatorio”, y se produjeron en el marco de una huelga interna. Los operarios sostienen que la medida de la empresa buscó “sacarse de encima al activismo y disciplinar a los que no aceptan la flexibilización”, denunciando que Georgalos intentaba reducir las dotaciones de personal aumentando al mismo tiempo los volúmenes de producción y achicando salarios.

“Logramos decirle a la opinión pública que Georgalos no es sinónimo de ‘familia’ sino que tiene ‘gusto a esclavitud’”, manifestaron en el texto difundido.

A lo largo de estos doce meses, las medidas de visibilización adoptadas por los trabajadores tuvieron un fuerte impacto en la región. El plan de acción directa incluyó cuatro cortes sobre la Autopista Panamericana, paros generales dentro de la planta de Victoria, festivales y actos en los portones de ingreso.

Uno de los momentos más complejos del conflicto se vivió durante el mes de junio pasado, coincidiendo con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Los operarios sostuvieron una permanencia diaria en la puerta de la planta bajo condiciones climáticas extremas —señalando que fue el junio más frío en cuatro décadas—, sostén que fue posible gracias al acompañamiento de las bases de la fábrica.

Ante la falta de respuestas iniciales en el ámbito local, las protestas se trasladaron a la ciudad de La Plata logrando obtener un dictamen que declaró las desvinculaciones como arbitrarias.

Asimismo, destacaron el rol de las “choriceadas” organizadas de manera constante en la puerta de la planta de Victoria como un espacio clave de resistencia, encuentro y organización afectiva para evitar el aislamiento de las familias afectadas.

El escenario político, judicial y la mirada sobre el sindicato

En el plano legal, el conflicto arrojó resultados parciales pero significativos. Bajo el asesoramiento jurídico de los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), dos de los cinco operarios lograron reincorporarse efectivamente a sus puestos de trabajo gracias al dictado de medidas cautelares. En tanto, los tres restantes continúan litigando en la justicia en el denominado juicio de fondo.

La causa sumó un amplio abanico de apoyos políticos e institucionales. En la Cámara de Diputados de la Nación se presentó un proyecto para repudiar el accionar de la empresa alimenticia, impulsado por legisladores del Frente de Izquierda. El conflicto también cosechó adhesiones de figuras de Unión por la Patria como Sergio Palazzo, Máximo Kirchner, Wado de Pedro, Juliana Di Tullio y Mariano Recalde, así como de organismos de Derechos Humanos, entre ellos Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Por otra parte, el comunicado dedica un apartado a evaluar la actuación de la conducción gremial. Si bien reconocen que el sindicato activó un paro fabril tras el voto de la asamblea inicial y sostuvo formalmente la ilegalidad de los despidos en el Ministerio de Trabajo, los trabajadores criticaron que se limitó a una “defensa administrativa y no de lucha”, argumentando que el gremio no acompañó las acciones directas y callejeras emprendidas en la zona.

El conflicto en la planta de Victoria sigue abierto. “Esto no termina hasta que entremos los cinco nuevamente a Georgalos”, concluye la declaración de los trabajadores, quienes plantearon su experiencia como un testigo de cómo enfrentar las reestructuraciones laborales en el sector industrial de la región.