Amplían denuncia penal por irregularidades en obras hidráulicas del río Luján

La iniciativa fue impulsada recientemente por organizaciones vecinales de diferentes distritos. Se enumeran múltiples argumentos que cuestionan trabajos ya realizados y otros proyectados para lo próximo.

Con el apoyo de organizaciones de distintos distritos vinculadas a la preservación del río Luján, a comienzos de mes fue presentada la ampliación de una denuncia penal por las obras de hidráulica ejecutadas en ese recurso hídrico, como así también trabajos proyectados en el corto plazo. En ese sentido, se solicitó que las obras en curso (actualmente en desarrollo entre las rutas 8 y 9) “sean detenidas y recompuesto el ecosistema dañado convocando a un equipo interdisciplinario de expertos”.

La ampliación fue presentada en el marco de la causa Nº 9066/2012 que radica en el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Asimismo, fue solicitado que sea investigada la presunta comisión del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público de todas las autoridades del Estado involucradas.

Planteos

Según los promotores de la acción judicial, “las autoridades buscarían solucionar el problema de las inundaciones omitiendo el marco jurídico vigente y sin aceptar las causas que las generan”. En ese punto, se plantea que “una de las principales es la inadecuada e ilícita planificación del uso del suelo establecida por el mismo Estado, que no habría respetado los desagües naturales, las napas de agua, su interdependencia y ecosistemas ambientalmente valiosos como humedales y bosques nativos, permitiendo que sobre ellos se instalen barrios cerrados e industrias alterando el equilibrio ambiental”. Como ejemplo se cita el decreto provincia 2.741 del 2010, mediante el cual el gobernador Daniel Scioli convalidó las ordenanzas del uso del suelo del Municipio de Escobar.

“La inutilidad de las obras de limpieza sobre el río Luján fue puesto de manifiesto en las inundaciones que las sucedieron tanto en las ocurridas en octubre/noviembre del 2014 como la recientes de agosto del 2015, en las cuales la población se volvió a inundar. Durante ambos eventos perdieron la vida el joven de 22 años Daniel Quintana del Municipio de San Fernando, el adolescente Nahuel Reyes del Municipio de Luján y el niño de 11 años Rodrigo Sosa en Pilar”, se agrega.

Las obras ya realizadas y en curso, denominadas “Obras de Limpieza”, así como las que resultaron del Estudio Plan Integral, “son responsabilidad por acción y/u omisión del Ministerio de Infraestructura Provincial, del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, organismos todos ellos dependientes de la gobernación de Daniel Scioli”.

El pedido de detención de las obras en desarrollo y proyectadas se fundamenta, según los denunciantes, en distintos argumentos. En primer lugar se plantea que “la gestión de los recursos hídricos debe realizarse respetando la participación de todos los organismos con competencia concurrentes y a los actores involucrados, como son los países integrantes del ‘Tratado de la Cuenca del Plata’ y los vecinos de todos los municipios afectados”. Además, “no han sido siquiera dados a conocer los resultados del Estudio Plan Integral a la Comisión Asesora de la cuenca, quien los solicitara hace más de dos meses por escrito, incumpliéndose así con la ley de libre acceso a la información pública ambiental Nº 25831″. En ese sentido, “de lo poco que se conoce del Estudio Plan Integral se tiene conocimiento que no respeta el concepto técnico de ‘integralidad’ que debe poseer”.

Las organizaciones que se expresan a favor de la paralización de los trabajos exponen también que “se omite la ley 25.688 que establece, en su artículo 3, que las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran indivisibles ya que el daño generado y/o el mal manejo en una sección repercute en el resto de los municipios, pudiéndose agravar las inundaciones”.

Por otra parte, se esgrime que “las obras son tan preocupantes que los mismos intendentes que serían responsables del desarrollo de los barrios cerrados en sus municipios se estarían oponiendo”. Citan al intendente de Escobar quien expresó que “la obra propuesta por el Gobierno Provincial puede ser grave para otros distritos como Exaltación de la Cruz, Campana, Escobar, Tigre, San Fernando, porque las aguas pueden bajar con mayor rapidez superando el caudal habitual e inundando estas zonas”.

El plan de obras “omite analizar soluciones alternativas y lo negativo de las obras planificadas así como la inadecuada incorporación de la problemática del cambio climático, como ha sido observado por ingenieros del Departamento de Hidráulica de la UBA”. A su vez, los trabajos “son contrarios a las soluciones consideradas por expertos que han dado testimonio bajo palabra de juramento en el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro”.

“Se les ha asignado a las obras proyectadas un monto de 4.500 millones de pesos por ley provincial Nº 14578 sin tener la seguridad que resolverán siquiera el problema de las inundaciones, ya que aún el Estudio Plan Integral no ha sido sometido a evaluación. Entonces, ¿cómo pudo establecerse un precio? Las obras fueron ejecutadas sobre bienes de dominio público natural (viola la ley provincial 6021 de obras públicas) sin respetar el debido proceso de evaluación de impacto ambiental previo (viola las ley 25.675) que exige la realización de estudios integrales serios que deben ser sometidos a la comunidad tanto de los sectores académicos como de vecinos a través de las correspondientes Audiencias Públicas. A las obras de limpieza se destinaron 140 millones de pesos”, se informa.

Empresas

Según los denunciantes, “se identificaron irregularidades en cuanto a los requerimientos que deben reunirse para que una empresa privada pueda ser la ganadora de un pliego de licitación”. En ese sentido, “se identificó como una de las ejecutaras de las obras de limpieza a la empresa Servicios Emiser S.A. que se encontraría vinculada al gobernador Daniel Scioli”.

Por su parte, “la consultora Serman & Asociados S.A. fue la ganadora del pliego de licitación del Estudio Plan Integral y Proyecto de Obras de Regulación y Saneamiento del Río Luján, tiene entre sus clientes a organismos de aplicación que tienen injerencia en las obras, generándose una incompatibilidad, dado que existe la posibilidad que la propia empresa sería la que controlaría su propio trabajo”.

Fuente: El Civismo