POLÍTICA

Bruera sobre el espionaje M: “Alex Campbell requería la información en la Provincia”

Bruera sobre el espionaje M: “Alex Campbell requería la información en la Provincia”

El ex intendente de La Plata, Pablo Bruera pidió ser querellante en la causa que lleva adelante el juez federal Federico Villena. El material presentado darían cuenta de que el producto del espionaje ilegal era remitido, entre otros, a la ex funcionaria de Casa Rosada Susana Martinengo y al ex secretario de Asuntos Municipales del gobierno bonaerense, Alex Campbell.

El ex intendente de La Plata Pablo Bruera solicitó ser tenido como querellante en el marco de la causa por el supuesto espionaje ilegal realizado desde la AFI durante la gestión Cambiemos, luego de tomar contacto con las pruebas que dan cuenta de que fue víctima de ese delito.

El dirigente pasó más de dos horas ante el juez federal Federico Villena, quien que le exhibió materiales que darían cuenta que el producto del espionaje ilegal era remitido, entre otros, a la ex funcionaria de Casa Rosada Susana Martinengo y al ex secretario de Asuntos Municipales del gobierno bonaerense, Alex Campbell.

“En la provincia era Alex Campbell quien requería la información”, dijo Bruera tras entrevistarse con Villena quien le dio copia de la información que los espías manejaban sobre él.

Y agregó que le fue exhibida una cantidad de materiales que demostraban que le hicieron una investigación “muy minuciosa” que incluía registros de entradas y salidas del país, movimientos de tarjetas de crédito y cuentas bancarias, una ficha histórica, fotos en actos, y hasta sus conversaciones por WhatsApp.

La investigación reunió también pruebas de los contactos entre espías en los que hablaban de llevar la información a dos funcionarios públicos que la reclamaban: Martinengo, que dirigía el área de Documentación Presidencial en la gestión de Mauricio Macri, y Campbell, que integraba el gobierno de Maria Eugenia Vidal.

“Era información que producían a pedido”, reflexionó Bruera tras ver los intercambios entre espías como los imputados Leandro Araque y Alan Ruiz, donde se hablaba de los reclamos de datos que habían recibido e incluso discutían sobre como presentar la documentación en el formato más accesible posible a los funcionarios públicos de las gestiones nacional y bonaerense de Cambiemos.

Del material que pudo observar Bruera, surgió también que los agentes estaban interesados en espiarlo porque creían que estaba al frente de un armado político que era monitoreado por el Papa Francisco, algo que en realidad nunca ocurrió.

“Discutían mi relación con Jorge Lugones, obispo de Lomas, a quien querían seguir por su vinculación con el Papa”, informó Bruera, pero luego remarcó que Lugones es su tío y que los contactos frecuentes tenían que ver, entre otras cosas, con la relación familiar que los une.

Bruera solicitó ser tenido como querellante pero, además, le pidió al juez Villena que se investigue si esta banda de espías estaba relacionada con algo que en la política platense se conoce como “Base 8”, una supuesta organización instalada en esa ciudad que desde hace cuatro o cinco años hace tareas de infiltración y espionaje ilegal en marchas por reclamos políticos y sociales.

En esta causa se investiga a “una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes, cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones”, según consta en el expediente.

Algunas de las maniobras “habrían consistido en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, o por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas, y/o con el objeto de influir en la situación institucional, política, social, económica, en la vida interna de los partidos políticos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o asociaciones o agrupaciones”.

Fuente: Télam


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