Crece la disputa judicial por quién paga la luz en las villas y asentamientos del Conurbano

El reclamo de Edenor a San Martín por 152 millones de pesos encendió la alarma. Desde el municipio, se contactaron con la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires y, en conjunto, elaboraron la estrategia judicial. En San Fernando el intendente Luis Andreotti evalúa iniciar acciones legales.

Según el artículo 104 de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial N° 15.078, “el costo de la tarifa de Energía Eléctrica correspondiente a los Asentamientos será asumido por la Provincia hasta la suma que por dicho concepto pagó en el ejercicio 2018. Los costos adicionales serán afrontados por los respectivos Municipios”.

San Martín presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, contra la propia provincia. La acción no solo reclama la “inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad inmediata” del artículo, sino también del Decreto Provincial N° 1289/2019, que aprobó el traspaso de Nación a Provincia.

“La cuestión de fondo es la siguiente: antes, el Estado nacional y provincial hacía los aportes respectivos. Lo que criticamos fuertemente es que en esta gestión el Estado se corrió de sus obligaciones y dejó estas cuestiones al mercado. Estos servicios no son mercancías comunes y el Estado debe intervenir activamente para regular, controlar y dar accesibilidad y asequibilidad; son compromisos ineludibles para el Estado”, destacaron desde el organismo que conduce Guido Lorenzino.

“Este conflicto se incrementó con los traspasos de la órbita nacional a la provincial. La Provincia ha dicho que aportará solamente al equivalente a lo que aportó en 2018. Con los aumentos que hubo este año (43,6%, promedio), indudablemente ese monto no alcanza para estos consumos y del resto se debe hacer cargo el municipio”, resumió Jorge Ruesga, secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires.

“Nuestra opinión como Defensoría es que la provincia no puede correrse de la obligación que tiene. Afecta de lleno a los presupuestos de los municipios y a su normal funcionamiento”, aseguró el secretario.

“Son más de $ 152 millones que debemos afrontar sin que estén presupuestados. Esperamos que la Justicia revierta esta medida rápidamente”, apuntó el intendente Gabriel Katopodis y amplió: “Una vez más, el gobierno de Vidal decide transferir responsabilidades a los municipios de manera inconsulta y arbitraria. Sucede con la Seguridad, el arreglo de las escuelas, la urbanización de barrios o infinidad de obras que debe hacer la Provincia y, sin embargo, nos hacemos cargo los municipios”.

Además, desde el municipio afirman que el cálculo utilizado por la distribuidora está basado en la categoría R2, de consumos medios y altos, cuando no es ese el servicio que brinda en los asentamientos, donde reinan las conexiones precarias (que muchas veces incluso se cobran vidas), los cortes y la baja tensión.

San Fernando está en una situación muy similar a la de San Martín. También fue intimado por Edenor y el intendente Luis Andreotti evalúa iniciar acciones legales.

Fuentes del municipio explicaron que “Edenor busca cobrar un servicio cuando no hay ningún organismo oficial que diga si es correcto o no. San Fernando, como iniciativa propia, ha hecho un relevamiento de los medidores y hay irregularidades. Por ahora, el municipio rechazó por Carta Documento lo que la empresa de luz exige. También se está trabajando en una presentación judicial, sumada a la de San Martín, y se está en contacto permanente con la Defensoría del Pueblo bonaerense”. Finalmente, desde San Fernando comentaron: “Jorge Macri, del partido de Vicente López, también se puso en contacto. Está interesado en sumarse a este reclamo”.

Esta bomba fue activada por la gobernación saliente y afectará también a la entrante. La cuestión tarifaria será uno de los primeros problemas que deberá afrontar Axel Kicillof y no son pocos los intendentes que golpearán la puerta por este asunto. “Estamos convencidos de que la nueva administración revertirá esta situación y tendremos una mesa de diálogo”, dijo Ruesga desde la Defensoría.

Fuente: Jonathan Raed para Tiempo | Foto: Mariano Martino