Cristian Girard, titular de ARBA, tras el operativo en Amarras del Norte: “Velamos por el cumplimento tributario”

Por Sabrina García

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) llevó un operativo de retención en guarderías náuticas de nuestra ciudad. Desde San Fernando Nuestro acompañamos al titular del área, Cristian Girard, en el que se efectuó en Amarras del Norte.

En el día de hoy ARBA llevó adelante operativos en las guarderías que forman parte del Consorcio Parque Náutico. La iniciativa se enmarca en las 1.400 embarcaciones que tienen deuda con el organismo Provincial.

-¿De qué se trata el operativo que están llevando adelante en San Fernando?

Es la primera vez que se está aplicando la competencia que tiene ARBA para proceder al secuestro de embarcaciones deportivas en caso de que se cumplan ciertos requisitos: que la evaluación fiscal de la embarcación deportiva sea de 8.750.000 pesos en adelante; que adeude el 30% de las cuotas vencidas y que esa deuda supere los 875.000 pesos. O sea, estamos hablando de aproximadamente deuda de un millón de pesos para arriba en embarcaciones deportivas de una evaluación fiscal de 9 millones de pesos para arriba.

El año pasado hicimos un operativo muy fuerte de registración. Comunicamos que habíamos detectado embarcaciones deportivas que no estaban inscriptas y no estaban pagando el impuesto. Logramos 400 altas el año pasado. Estuvimos acá haciendo un operativo en este mismo consorcio. Hablamos de embarcaciones deportivas de gran porte, yates de muchos pies, de altísima valuación fiscal; eso se dio de alta, se inscribieron, están pagando.

Este año contamos con esta competencia novedosa que reglamentamos el año pasado para poder secuestrar. ¿Qué implica el secuestro? En realidad le damos 24 horas de retención del vehículo, de la embarcación, para que cancele el 50% de la deuda y se comprometa a cancelar el otro 50% y con eso le liberamos. Y si eso no ocurre, a las 36 horas procedemos al secuestro, notificamos al juez y él juez notifica a la Prefectura Naval para impedir la navegación de la embarcación deportiva.

Es por eso que hoy estamos acá en este consorcio (Amarras del Norte) en donde tenemos 12 embarcaciones deportivas que deben 20 millones de pesos. Ya retuvimos, pusimos la faja de retención a dos embarcaciones que debían 1.200.000 y 1.800.000 pesos. Y bueno, estamos haciendo también el operativo en otros amarraderos.

-¿A cuánto asciende la deuda que tienen los propietarios con ARBA?

Son 1.300 embarcaciones que tienen deudas por 2.000 millones de pesos.

Estamos procediendo a hacer estos operativos con retención y eventualmente secuestro para que se pongan al día. En el gobierno de la Provincia de Buenos Aires entendemos la recaudación, plasmada en las leyes impositivas que se sancionan en la legislatura, con buscar los recursos de manera progresiva. Nosotros tenemos que velar por el cumplimiento de la obligación tributaria. Así que los que no están pagando, sobre todo los que más tienen, tenemos que estar con la fiscalización atentos y cerca de los contribuyentes para, con la percepción de riesgo, llevarlos a ponerse al día en el cumplimiento tributario.

-Sobre las 400 embarcaciones que dieron de alta el año pasado ¿todas abonan el impuesto?

De las 400 altas se trata de embarcaciones deportivas que no estaban inscriptas. De esas el 60% comenzaron a abonar el impuesto.

Y de las 1.300 embarcaciones deportivas en toda la provincia de Buenos Aires -el grueso está obviamente en Zona Norte- deben 2.000 millones de pesos y son los principales deudores. Sobre ese universo estamos haciendo este operativo que puede terminar con el secuestro.

Recuperar esa deuda para nosotros representa muchísimo en términos simbólicos porque es el espíritu de la política tributaria que perseguimos en el gobierno de Axel (Kicillof), son recursos que provienen de los sectores de mayor capacidad contributiva, entonces la evasión ahí duele el doble. Nosotros tenemos una lógica que es tener progresividad en los impuestos patrimoniales, que ganen peso esos impuestos patrimoniales para tener más progresividad y al mismo tiempo simplificar el cumplimiento tributario en lo que son los impuestos vinculados a la actividad. ¿Para qué? Para bajar la carga a los comercios, a las pymes, a los profesionales independientes. El financiamiento del Estado busca estar repartido de manera más equitativa y más justa: que los que más tienen aporten según su capacidad contributiva y aporten más que aquellos que tienen menor patrimonio y que se dedican a la actividad productiva, que generan empleo, que invierten sus recursos, que comprometen sus recursos en el territorio de la provincia de Buenos Aires para desplegar alguna actividad económica.

-¿Para con los deudores existen planes de pago o se los intima a pagar en una o dos veces?

Cuando llegamos a esta instancia tienen que pagar el 50% de la deuda en el momento y tienen 10 días para pagar el otro 50%. Previo a eso tienen planes de pagos incluso para deuda corriente o sea que no hay un argumento de que no hay financiación para pagarlo; en caso de que no pueda pagar no hay argumentos de que no se puede financiar la deuda.

El año pasado implementamos planes de pagos para deuda corriente entonces venció tu impuesto, no lo podés pagar, tenés la posibilidad de financiarlo en hasta 24 cuotas. Así que de nuestra parte, respecto a los contribuyentes, podemos decir que le damos todas las facilidades para el pago. Cuando llegamos a esta instancia en donde se debe el 30% de las cuotas que vencieron y la deuda asciende a más de un millón de pesos con más del 10% de la valuación fiscal de la embarcación, ahí ya tiene que pagar el 50% en el momento y 10 días más para pagar el 50 que debe.

-Cuando se entrevista con estos deudores, ¿qué excusas esgrimen para llegar a esta situación?

En general no tenemos vínculo cara a cara. Hay un administrador del amarradero que se comunica con el titular. La verdad es que no tienen dificultades económicas para cancelar la obligación. Tiene que estar el Estado presente y controlando para que cumpla. Hay que ayudarlos a cumplir.

-En este caso se trata de un consorcio que es 51% público y 49% privado. ¿El municipio de San Fernando acompaña en esto de estar buscando a los evasores?

Sí, estamos trabajando conjuntamente con un equipo del municipio. Obviamente que coordinamos con el intendente y con sus fiscalizadores siempre, no sólo en este operativo, así que ahí sí hay un interés compartido de regularizar la situación de los titulares de embarcaciones.

-La zona norte también tiene también la particularidad de las viviendas que están construidas y que no son declaradas, ¿cómo están con esos operativos?

Sí, la verdad es que venimos con un trabajo muy fuerte de inversión en tecnología, estos años hemos potenciado mucho la fiscalización a través de imágenes catastrales, invertimos en comprar drones para hacer vuelos especiales con una capacidad tecnológica que nos permite tener un margen de error de no más de cinco centímetros en los vuelos que hacemos con drones, en las imágenes satelitales tenemos un margen de error menor a un metro, con lo cual es realmente muy precisa la capacidad que tenemos de fiscalizar a través de imágenes satelitales.

Con eso hacemos un primer barrido y luego un operativo presencial donde nuestros fiscalizadores verifican que lo que vimos en las imágenes satelitales o en los vuelos de los drones efectivamente se vea y se pueda constatar.

Eso nos permitió detectar desde que asumimos la gestión unos seis millones de metros cuadrados construidos sin declarar y este verano hicimos un operativo muy fuerte para regularizar la situación de los barrios cerrados. ¿Por qué en particular? Porque el problema que genera el modo en que se desarrolla el negocio es que termina perjudicándose al propietario final, digamos, a la familia que vive en ese barrio cerrado y tiene su casa. Porque tiene como único documento de comprobación de la titularidad un boleto de compraventa. No puede escriturar porque hay que subdividir; para subdividir no puede haber deuda. ¿Qué es lo que va pasando? El desarrollador inmobiliario tiene varias partidas inmobiliarias, no sólo la de ese barrio, y paga además del impuesto inmobiliario un complementario.

Lo que en general suele ocurrir es que a través de las expensas el desarrollador inmobiliario prorratea el pago del impuesto que incluye o que puede incluir el complementario y eso termina haciendo que el propietario de esa casa en el barrio cerrado termine pagando un impuesto que es más que el que le correspondería. Para resolver eso nosotros hicimos reformas normativas del código fiscal, implementamos soluciones informáticas para que los escribanos pudieran hacer los trámites directamente con la clave, para habilitar la subdivisión parcelaria aún con deuda. Entonces ¿hay una deuda? Bueno, después resolvemos la deuda, pero dividan, subdividan las parcelas para poder escriturar cada uno su propiedad y de esa manera empezar a pagar el impuesto que corresponde.

-¿Eso permitió tener mayor cobrabilidad?

Tuvimos una mejora y un avance en los trámites de subdivisión parcelaria, pero todavía falta. Entonces lo que hicimos este verano es comunicar con mucha fuerza que seguimos controlando en los barrios cerrados, que de nuestra parte las soluciones que hacen a la regularización dominial para poder cumplir con el pago de los impuestos como corresponde a las personas que vienen los barrios cerrados está hecho de parte nuestra.

Lo que tenemos que hacer es seguir coordinando con los desarrolladores inmobiliarios para que internalicen una forma de llevar a cabo el negocio que implique que ellos tienen por un lado el pago de los impuestos por las partidas que son de propiedad propia y el impuesto complementario corresponde y que los propietarios paguen lo que tienen que pagar por su propiedad y no que termine en algo poco transparente donde pareciera ser que ARBA le cobra un montón de impuestos a la gente que viene de los barrios cerrados. Nuestro objetivo justamente es que se pueda subdividir y que cada uno pague lo que le corresponde.

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