Cuestionamientos del Tribunal de Cuentas a la ejecución del presupuesto municipal

Por Sabrina García

Por estos días circuló la información de que el Tribunal de Cuentas de la Provincia había cumplimentado la totalidad de los informes de los cierres de ejercicio de los 135 distritos. En el caso de San Fernando la información ya estaba cargada en el 2014 pero la noticia se compone de dos partes: por un lado, el llamado de atención que recibió el municipio y, por el otro, el tiempo que se tomó el organismo provincial en dictar los fallos dado que los cierres de ejercicio corresponden al año 2012.

Algunos informes fueron publicados a lo largo del año pasado pero el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires esperó comenzar el año 2015 para cargar la totalidad de los fallos en su página web. En un año electoral, conocer las multas que recibieron los municipios es un elemento negativo para quienes están pensando en renovar su sillón de intendente, pero a la hora de hablar de agilidad, el organismo dependiente del gobierno de Scioli deja mucho que desear.

Según medios provinciales, la demora no es la habitual y destacan la dureza de los fallos que incorporaron muchas más multas y cargos. De los 135 municipios (ocho informes aún no fueron publicados), 28 fueron amonestados, 82 deberán afrontar multas y/o cargos, 11 recibieron un llamado de atención y tan sólo 6 cerraron el año sin irregularidades.

Entre los amonestados de la zona se encuentran Sandro Guzmán (intendente de Escobar), Gabriel Katopodis (intendente de General San Martín), Sergio Massa (por entonces intendente de Tigre) y Gustavo Posse (intendente de San Isidro).

En el caso de San Fernando recibió otro tipo de sanción. El fallo emitido en marzo de 2014 bajo el número 84 refleja la falta de documentación en conciliaciones bancarias, órdenes de pago, anticipos a rendir y de un expediente de una licitación privada, incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias, irregularidades en la contabilidad, gasto considerado no municipal y reserva de ejercicios anteriores.

A partir de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas, el organismo propone amonestar al intendente Luis Andreotti y un llamado de atención al Contador Municipal, Ruben Recalde junto al Tesorero Claudio Giordanelli y Pascual Folino por el incumplimiento de las formalidades legales y reglamentarias detectadas.

En el fallo del Tribunal se detalla una caja chica con gastos que “no corresponderían ser abonados por Caja Chica por no ser menores, urgentes y que deben hacerse en efectivo, y en donde, además, no se demuestra el carácter municipal de los mismos”. Se trata de una erogación de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo por ese entonces de Gustavo Santero. Por este ítem el Tribunal de Cuentas desaprobó los egresos formulando un cargo de $2.743, que debía responder el intendente Andreotti en solidaridad con el Secretario Santero y el Contador Municipal Recalde.

En otro párrafo se menciona una Orden de Pago por $30.000 a rendir por el funcionario Marcelo Campos. La misma fue rendida pero se había iniciado un sumario administrativo a partir de las denuncias de vecinos que cuestionaban la falta de realización de algunos trabajos acordados. El Tribunal queda a la espera del siguiente informe para emitir un pronunciamiento definitivo en relación a esta situación.

Asimismo, el Tribunal identificó un anticipo financiero del 50% entregado en contratación directa a la empresa MG Construcciones por una obra sobre la cual la contratista había ejecutado solo el 10% del contrato para luego abandonar la obra. En este punto, el Asesor Letrado del municipio en su descargo dice haber rescindido el contrato y aplicado multas pero no deja constancia de su ejecución ante el organismo provincial.

Finalmente, y en lo que respecta a las últimas dos cuestiones (orden de pago y anticipo financiero), el Tribunal de Cuentas resuelve no dejarlos exentos al ex intendente Osvaldo Amieiro, al ex Secretario de Obras Públicas Hernán Lazo y al ex Secretario de Economía, Diego Rossi, hasta que el organismo provincial no se pronuncie concreta y definitivamente.