OPINIÓN

El caso FATE

Al igual que el grueso de los propietarios de los grupo económicos locales, Javier Madanes Quintanilla, titular de la fábrica de neumáticos Fate y, según la revista Forbes, uno de los diez más ricos de la Argentina, se pronunció políticamente a favor del actual oficialismo. Lo hizo no solo por figurar como aportante de tres millones de pesos, el máximo permitido por ley, para la campaña de Cambiemos en 2017, sino también reafirmando su adhesión al manifestar públicamente su confianza en la honestidad del gobierno de Macri, criticando severamente a la administración anterior.

Sin embargo, no solo el elemento ideológico lo emparenta a los grandes empresarios industriales, sino también sus balances contables, que experimentaron pérdidas por primera vez en años, puntualmente 300 millones de pesos en sus últimos dos ejercicios, a raíz de las actuales políticas neoliberales de valorización financiera, dolarización de commodities, y caída del mercado interno, que están destruyendo aceleradamente el endeble tejido productivo nacional. Así, a comienzos de este año, Fate solicitó un procedimiento preventivo de crisis, que la semana anterior fue habilitado por el Ministerio de Producción y Trabajo, con el objetivo de reducir el 25 por ciento de su personal, es decir despedir a unos 450 trabajadores sobre los 1650 que componen la planta.

La paradoja de que una empresa industrial haya apoyado pública y financieramente a un gobierno neoliberal –más allá de algunas políticas puntuales favorables como el mencionado procedimiento para despedir empleados o la Ley de Sinceramiento a la cual se adhirió para blanquear sus capitales evadidos al fisco–, es mayor aún si se tiene en cuenta la historia de Fate, que fue radicalmente distinta.

Creada en 1940 como Fábrica Argentina de Telas Engomadas, comenzó a producir neumáticos en 1945 y con los años se convirtió en un emblema de la “burguesía nacional”, aquel movimiento empresarial comprometido con el desarrollo productivo, económico y social del país.

Según cuenta María Seoane en el libro El burgués maldito, los hermanos Madanes sumaron en la década del cincuenta al histórico líder de los burgueses nacionales, José Ber Gelbard, que a la postre se convertiría en accionista minoritario de esta empresa, gracias a las gestiones que el propio Gelbard había realizado durante el gobierno de Perón para privilegiar a Fate por sobre su competencia multinacional.

Uno de los hermanos Madanes, Manuel, buscaba junto a Gelbard la expansión de esta fábrica, lo que llevó a que durante la década del ‘60 la compañía se ampliara hacia la actual planta de 65 hectáreas en San Fernando, e incorporara a inicios de los setenta a Carlos Varsavsky, padre del empresario de las telecomunicaciones Martín Varsavsky, quien creó la División Electrónica de Fate, desde la que se fabricaron las calculadoras nacionales Cifra y estuvo a punto de lanzarse la computadora nacional Cifra 1000, para competir con las IBM.

Pero sin dudas la mayor obra de Madanes–Gelbard, con la asistencia técnica de Varsavsky, fue la creación y puesta en marcha de la fábrica de aluminio Aluar, todo lo cual ayudaba a situar a la Argentina en una de las naciones más avanzadas industrialmente, cuyo resultado eran niveles históricamente bajos de desempleo y pobreza.

Los inicios de los setenta, años del despegue, se vieron favorecidos por las políticas industrialistas llevadas adelante por Aldo Ferrer durante la presidencia de facto de Alejandro Agustín Lanusse, las cuales se profundizarían durante el tercer peronismo, cuando el propio Gelbard asumiría la cartera de Economía.

La toma ilegal del poder por parte de la dictadura cívico–militar, junto a su programa desindustrializador y anti obrero, significó un cambio radical en esta exitosa historia, que tuvo como eje central el desplazamiento de Gelbard, a quien los militares le confiscaron sus propiedades, y la adopción de la estrategia de Adolfo Madanes, padre del actual presidente de Fate, quien a diferencia de Manuel se había opuesto a la expansión de la fábrica, y a diferencia de Gelbard se negaba a que la compañía se inscriba en un proyecto político industrializador.

Fue justamente a partir de esa etapa que la historia de esta empresa guarda coherencia con el comportamiento de aquellas que en algún momento de la historia tuvieron como meta formar una burguesía nacional comprometida con el desarrollo nacional. Según señala el economista e historiador Eduardo Basualdo en su documento “Notas sobre la burguesía nacional” (Realidad Económica), el caso Fate–Aluar es paradigmático de aquellas empresas nacionales que adoptaron el comportamiento de la “oligarquía diversificada”. Es decir, de la oligarquía terrateniente que asociada al capital extranjero realizó inversiones industriales, aunque privilegiando su defensa del modelo primario y financiero, pues Fate, “de ser un símbolo de la gran burguesía nacional durante el último gobierno peronista, a mediados de lo años ‘70, queda asimilado a la oligarquía diversificada durante la dictadura militar”.

De hecho, Basualdo remarca que “el actual estado de anomia de los burgueses nacionales, no se origina en la desaparición de las grandes firmas oligopólicas nacionales. Si bien, una parte significativa de ellas fueron expulsadas de sus respectivas actividades, otras no solamente sobrevivieron sino que se expandieron notoriamente, pero una vez que se integraron al bloque social dominante, específicamente a la oligarquía diversificada. Del análisis de la composición de esta última durante los años posteriores al golpe militar de 1976, se percibe claramente que se trata de una fracción de clase remozada, donde si bien el grueso de sus integrantes son miembros tradicionales del establishment económico local, otros son capitales que en sus orígenes formaron parte de la burguesía nacional”.

Fuente: Julián Blejmar para Página 12


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