Hacia la creación de observatorios de seguridad municipales

Por Diego Pando*

En la última década los gobiernos locales vienen recibiendo nuevas demandas sociales en torno a problemas públicos que antes no formaban parte de sus agendas. Este proceso de relocalización de las demandas les impuso a las autoridades municipales la necesidad de desarrollar nuevas competencias para enfrentar estas problemáticas, muy particularmente en materia de seguridad pública.

Así, se presenta una situación paradójica: a pesar de que los ejecutivos municipales carecen de facultades, responsabilidades y recursos en torno a la cuestión de seguridad pública, al mismo tiempo se han convertido en el centro de imputación de demandas vinculadas a la seguridad por parte de sus ciudadanos.

Aquellos municipios más proactivos no se excusan en la falta de competencias que tienen para el manejo de la policía, ni se limitan a solicitar más policías a la provincia o a pedir la presencia de Gendarmería, sino que han ido asumiendo responsabilidades a partir de la creación y jerarquización formal de dependencias encargadas de los asuntos de seguridad, la instalación de cámaras de seguridad, la creación de postas policiales, el desarrollo de patrullas de prevención comunitaria y el apoyo logístico a la policía bonaerense, además de medidas complementarias tales como el desmalezamiento y la iluminación, entre otras.

Ahora bien, ¿pueden hacer algo más los municipios? Sin dudas. Una medida importante es la creación de observatorios para producir información y gestionar el conocimiento en materia de seguridad.

A pesar de todas las limitaciones que presentan los sistemas de registro de incidentes y delitos existentes –siempre en manos de la policía provincial y, en algunos casos, de los ministerios públicos– los municipios se encuentran absolutamente desconectados de los mismos, y a no ser que cuenten con algún tipo de nexo informal que les permita conocer alguna estadística sobre su jurisdicción, carecen siquiera de acceso a la información producida, a diferencia de los poderes nacional y provinciales que en general tienen acceso pero optan por no sistematizar ni difundir la información criminal.

Esta carencia de cuadros de situación y/o de diagnósticos respecto de los delitos y de las violencias trae como consecuencia más grave la adopción de “políticas a ciegas” y, peor aún, la imposibilidad de contar con análisis respecto de hechos y modalidades delictivas, sus manifestaciones espacio-temporales, autores y víctimas, características culturales, sociodemográficas, condiciones económicas y geográficas.

Los municipios deben fortalecer las áreas de gestión del conocimiento criminal y de los sistemas de registro de los incidentes y delitos que ocurren en su jurisdicción para así poder diseñar políticas específicas en función de las problemáticas identificadas. Asimismo, deberían orientarse a la realización sistemática de encuestas de victimización, para medir y analizar sus niveles y variables, cuándo, dónde y cómo se producen los delitos, a quiénes afectan, y también el temor y los sentimientos de inseguridad de los habitantes y las percepciones sociales sobre el desempeño institucional del sistema de seguridad pública local. Ello permitiría complementar el conocimiento de las estadísticas criminales, intentando también analizar la denominada “cifra negra” o porcentaje de delitos no denunciados.

Además, desde los observatorios de seguridad locales se podrían celebrar convenios de colaboración técnica con universidades o institutos de investigación científica especializados en seguridad pública, con el objetivo de superar la lógica intuitiva que predomina en las burocracias locales.

Los municipios son actores fundamentales para el bienestar de una sociedad. Por su relación directa y permanente, son las autoridades administrativas más cercanas y con mayor influencia en la vida cotidiana de los habitantes, y también son quienes pueden conocer mejor sus preocupaciones, opiniones, demandas y problemas. Para ir en esta dirección, la conformación de observatorios de seguridad es un camino importante que vale la pena recorrer para gobernar mejor los asuntos de la seguridad pública.

Para profundizar en este tema recomendamos la lectura del Documento de Trabajo número 3 del Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

(*) Diego Pando. Doctor en Ciencia Política y de la Administración (Universidad Complutense de Madrid), docente (UdeSA), editor de San Fernando Nuestro. En Twitter @diepando