La coherencia para castigar como denominador común

Por Silvina Morelli *

Cuando me dispuse a escribir esta suerte de reflexiones un poco desordenadas y sin desarrollo analítico, que disparo como si usara la técnica del torbellino de ideas, lo primero que me pregunté fue si al presidente realmente le interesa el costo político que deberá enfrentar con la derogación de la Ley de Emergencia Tarifaria, sancionada la madrugada del 31 de mayo.

Si una revisa los vetos presidenciales desde que asumió Cambiemos, la lista no llama la atención. Veamos, pues. Macri vetó la Ley que prohibía los despidos por ciento ochenta días e implementaba la doble indemnización además de la que establecía el salario mínimo profesional. También derogó la de expropiación del hotel Bauen -recuperado por los trabajadores quince años antes-, la “Ley de Trombofilia” -que promovía la detección temprana del trastorno mediante un programa médico obligatorio para prevenir la muerte fetal y el aborto- y la que establecía el reclamo histórico de doble jubilación mínima para ex combatientes de Malvinas. Hoy, sumamos a esta lista el veto de la Ley de Emergencia Tarifaria.

Concentrándonos en los fundamentos de las normas señaladas anteriormente y vetadas por el presidente, hay algo que se mantiene constante: la coherencia para castigar y desproteger a los que necesitan que las políticas públicas los contengan y los incluyan.

Sabemos muy bien que con frenar los tarifazos no era suficiente porque al aumento exorbitante de las tarifas de los servicios públicos se suman la mega-devaluación, el aumento de las tasas de interés y la dolarización de la economía que van de la mano con una inflación sin control, incrementos constantes de los precios de los productos de la canasta básica, de la salud, de los alquileres, de las expensas y de los medicamentos. En este marco, el pueblo argentino vive un verdadero drama en el que los salarios han descendido de manera estrepitosa y las familias se debaten entre pagar los servicios o las expensas o el alquiler y comer… ¡comer!

Ante este panorama -que al gobierno no le interesa, claro está-, la Ley de Emergencia Tarifaria comportaba un intento genuino de proteger a las PyMEs, a los comerciantes, a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionados, a los beneficiarios de la AUH y a los sectores vulnerables de la población, dándoles un paliativo para sobrevivir a tanto sufrimiento.

Y aquí viene mi respuesta a la pregunta inicial. No creo que al gobierno le interese demasiado el costo político de este veto. Porque en definitiva, la derogación de esta norma es una muestra que evidencia una vez más, el conflicto de intereses que tiene el gobierno nacional -y a aquellos a quienes representa- con los millones de argentinos y argentinas que ya no pueden más.

¿Digo algo nuevo? ¡Claro que no! Se leen metros y metros de líneas con ideas semejantes y escuchamos horas y horas de debate legislativo. Pero ocurre que a veces, una necesita escribir lo que siente y lo que piensa para que quede constancia de su posición ante esta triste realidad.

(*) Silvina Morelli. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA), especialista en Políticas y Planificación – Consultora de Comunicación Política e Institucional – Autora del libro Gestión, Política y Comunicación – Docente a cargo de la materia “Elementos del Desarrollo Local” en la Universidad Nacional de Avellaneda – Capacitadora