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La justicia federal investiga al Club San Fernando por contaminación con asbesto, hidrocarburos y efluentes cloacales

La justicia federal investiga al Club San Fernando por contaminación con asbesto, hidrocarburos y efluentes cloacales

Por Sabrina García

La Justicia Federal dispuso múltiples allanamientos tras denuncias por irregularidades graves en el manejo de residuos peligrosos. Pericias científicas confirman el desmonte clandestino de 15 toneladas de techos de asbesto friable, la remoción ilegal de suelos con hidrocarburos y el vuelco sistemático de aguas servidas con niveles críticos de bacterias fecales en los canales internos que aportan directamente al río Luján.

Una densa trama de irregularidades ambientales, presunto fraude procesal y ocultamiento institucional sacude las estructuras del Club San Fernando (ubicado en Sarmiento y Escalada, San Fernando). Lo que comenzó como la legítima preocupación de un grupo de asociados ante el volcamiento de materiales contaminantes al río sin control, ha derivado en una causa penal de escala federal que investiga la violación sistemática de la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051).

[Ver: A pedido de la justicia clausuraron el varadero del Club San Fernando por contaminar el río y Grave denuncia contra el Club San Fernando por contaminación ambiental]

En noviembre del 2024, y a pedido de Sandra Arroyo Salgado del Juzgado Federal, se procedió a la clausura del varadero del Club San Fernando por “derrames de aceite usado sobre el suelo y sobre las rampas de acceso y descenso de embarcaciones, los cuales son arrastrados por el Río Luján ocasionando manchas en el predio donde se realizan diversas actividades deportivas” poniendo en riesgo así en primer lugar la salud de los socios del Club San Fernando y en segundo lugar a todos aquellos habitantes que, por una u otra forma, tengan acceso a las aguas contaminadas.

Tras la clausura se tomaron distintas muestras del agua, la tierra y el aire en la zona del varadero que fueron evaluadas por Policía Federal Argentina y Autoridad del Agua -organismo bonaerense-. El resultado fue preocupante.

Los dictámenes técnicos de la Policía Federal Argentina y de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires corroboran un escenario de afectación colectiva inminente: aire contaminado con microfibras cancerígenas, suelos impregnados de combustibles y canales internos convertidos en virtuales cloacas a cielo abierto que descargan en el ecosistema del río Luján.

En agosto de 2025, la Autoridad del Agua categorizó al Club San Fernando con un “nivel de riesgo medio” y le impuso una multa de más de tres millones de pesos ($3.034.329). La sanción se dictó tras comprobarse múltiples violaciones a las leyes provinciales que protegen los recursos hídricos. Además del castigo económico, el organismo intimó a la institución a regularizar el tratamiento de sus efluentes líquidos en un plazo estricto de 30 días, acogiéndose a los programas vigentes de gestión ambiental.

Con estos informes, y a partir de la documentación presentada por las autoridades del Club San Fernando sobre el tratamiento de los residuos especiales, la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó allanar al club deportivo y la empresa Qualita Servicios Ambientales SA, supuestamente encargada del traslado de los “desechos especiales”.

El techo: 15 toneladas de asbesto

En el expediente judicial se constata con fecha 20 de noviembre de 2025 que hay presencia de asbesto y que el CSF “no acreditó la adecuada gestión de los residuos especiales generados en la reparación de embarcaciones”.

Según consta en el expediente dictado por la jueza, para enero de 2026 ya se había desmontado el 85% de las estructuras contaminadas. Los registros judiciales indican que casi 10 toneladas de chapas con asbesto habían sido derivadas a la empresa operadora Qualita Servicios Ambientales S.A. a fines de 2025. El despacho advierte además un dato alarmante: las paredes de la guardería náutica están construidas exactamente con el mismo material tóxico.

La estructura que presenta el asbesto es el techo y las paredes de la Guardería de Lanchas, las cuales fueron retiradas sin el debido resguardo ni utilizando los protocolos exigidos por la normativa ambiental. Se trata de un desmonte de aproximadamente 15.000 kilogramos (15 toneladas) de chapas de fibrocemento.

Las pericias químicas y de Microscopía de Barrido Electrónico practicadas por la División Delitos Ambientales de la Policía Federal confirmaron que el material extraído contiene altos índices de amianto-asbestos.

En enero de este año el Área Operadores de Residuos Especiales llevó a cabo una inspección técnica en las instalaciones del CSF donde labraron actas e informaron a la entidad deportiva que “el retiro de material restante (chapas con asbesto)debe realizarse dentro del marco de la Resolución Nº 37/96, no habiendo presentado ninguna solicitud de retiro al día de la fecha”.

Las fotos que acompañan esta nota dan cuenta de la remoción de las chapas las cuales sufrieron roturas y resquebrajamientos, “liberando al entorno microfibras respirables del orden de micrones”.

En el expediente judicial, la jueza sostiene que el “material (asbesto) constituye residuo que puede causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

La gravedad del hallazgo radica no solo en el riesgo sanitario directo para los socios y el personal del club, sino en las maniobras documentales para ocultar el destino final del residuo tóxico. De acuerdo con el expediente judicial, los manifiestos de transporte y certificados de disposición final emitidos bajo la supuesta gestión de la firma operadora Qualita Servicios Ambientales S.A. carecen de las firmas obligatorias del propio Club San Fernando y de los operadores técnicos, configurando un nulo seguimiento de trazabilidad que hace presumir una disposición final clandestina.

Tierra con hidrocarburos y logística bajo sospecha

La investigación judicial destapó de forma paralela una segunda línea de contaminación crítica en los predios del club: la remoción y el traslado irregular de una capa de suelo profundamente afectada por vertidos de hidrocarburos. Según las actas de constatación fotográfica incorporadas a la causa penal, personal del club extrajo un volumen estimado en 300 metros cúbicos de tierra contaminada.

La denuncia establece que la tierra contaminada fue trasladada fuera del predio utilizando un camión que no pertenece a una empresa encargada de manipular este tipo de desechos. Estos residuos están clasificados como ‘especiales’ bajo la Ley Provincial 11.720. Las auditorías judiciales determinaron que los documentos aportados por el Club San Fernando en el que se habrían realizado los traslados por una empresa dedicada a esta logística no cuentan con el número de identificación del tratador inscripto en el Registro Oficial, ni poseen firmas válidas. Este hecho ha llevado al letrado patrocinante de la querella a denunciar formalmente la comisión del delito de ‘fraude procesal’, acusando a la Comisión Directiva de falsear instrumentos públicos con el objeto de eludir su responsabilidad penal y administrativa.

Es por eso que Arroyo Salgado solicitó los allanamientos tanto en el CSF como en la empresa mencionada para constatar o no si hubo irregularidades en la logística del retiro de los residuos.

Canales internos: una crisis bacteriológica que impacta al río Luján

La afectación al medio ambiente del Club San Fernando abarca también sus recursos hídricos. Los canales internos denominados Charlin y Berretta, que atraviesan las instalaciones y vuelcan de forma directa sus caudales al río Luján, actúan como receptores de descargas cloacales e industriales sin el debido tratamiento.

Los informes de análisis físico-químico y bacteriológico números, elaborados por los laboratorios de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua (ADA) tras la toma de muestras líquidas efectuada por el Departamento de Delitos Ambientales, arrojaron parámetros alarmantes que exceden largamente los límites de vuelco permitidos por la legislación provincial:

Fuente: Informes Técnicos de la Autoridad del Agua de la Prov. de Buenos Aires

La concentración de coliformes fecales —alcanzando picos de hasta 4.300 unidades por cada 100 mililitros— representa un riesgo de infección bacteriológica severa para cualquier persona que tome contacto con el agua. El persistente vuelco de nutrientes como fósforo y nitrógeno amoniacal acelera los procesos de eutrofización en los cursos del Delta, destruyendo el oxígeno disuelto y degradando la biodiversidad acuática local.

A pesar de la contundencia de estos análisis de laboratorio, la querella informó que la institución carece de señalización de advertencia o barreras sanitarias que protejan a los deportistas y socios de las amarras.

La causa judicial: cuatro allanamientos y el silencio de la Comisión

El expediente judicial FSM 22767/2024 tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N° 1, bajo la conducción de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

El pasado jueves 28 de mayo de 2026, la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina ejecutó el cuarto allanamiento masivo en las oficinas administrativas de la firma Qualita Servicios Ambientales S.A. y dependencias del Club San Fernando. La manda judicial incluyó una orden subsidiaria de presentación y registro ante la permanente reticencia de los directivos para suministrar voluntariamente los certificados de disposición final y los anexos normativos emitidos por el Ministerio de Ambiente bonaerense.

Mientras el expediente avanza hacia las etapas de declaraciones indagatorias por presunta infracción a la Ley 24.051 y falsificación de documentos públicos, las autoridades del Club San Fernando han optado por una estricta política de silencio hermético. No se han emitido comunicados oficiales dirigidos a la masa societaria ni se han implementado planes de contingencia visibles para mitigar el riesgo de los pasivos ambientales que persisten en el predio. La comunidad exige respuestas transparentes ante un escenario donde los intereses particulares parecen haber primado por sobre el derecho constitucional a un ambiente sano y la preservación de nuestro frágil entorno deltaico.

Fuente: ZNA


  1. Silvana Trybolowicz
    Silvana Trybolowicz 1 julio, 2026, 14:20

    Gracias Sabrina, por el compromiso con respecto a éste y otros temas. En oportunidades, la impunidad de dicha Institución, dejó sin protección a quienes habitamos en los alrededores. ¿Es posible también estudiar la contaminación sonora que producen los estruendos y bengalas en festejos deportivos, como así también las fiestas, en espacios NO CONSTRUIDOS AL EFECTO y, que se prolongan pasadas las 3 de la mañana, incluso, a veces, días de semana o domingo? Gracias por accionar.

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