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La rectora de la Universidad Nacional de las Artes critica el ajuste y la distribución del presupuesto universitario

La rectora de la Universidad Nacional de las Artes critica el ajuste y la distribución del presupuesto universitario

La rectora de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torlucci advierte que el proyecto de presupuesto universitario que está en el Congreso beneficia a algunas universidades y excluye a 35 de ellas.

En la pasada votación en el Congreso del Presupuesto 2017, se aprobó la asignación de 1028 millones de pesos, que solo beneficia a 21 Universidades Nacionales y excluye a otras 35. ¿A qué atribuye esta distribución y cuál sería el modo correcto y transparente de asignar ese monto?

Sobre esto es necesario hacer una aclaración. El Presupuesto de Ley contempla salarios y funcionamiento de todas las universidades del sistema. Pero además, existe un refuerzo presupuestario –denominado “Planilla B”– que históricamente fue otorgado a todas las Universidades Nacionales. A través de la misma, estas perciben una partida determinada para poder garantizar el funcionamiento pleno de las instituciones. El problema es que esto siempre fue distribuido en función de lo que se llama “modelo de pautas”, un criterio consensuado en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), por todo el Sistema Universitario. Esto evita discrecionalidades. Se trata de modelo que tiene en cuenta algunos parámetros relacionados con cantidad de estudiantes, cantidad de metros cuadrados, cantidad de sedes, localización regional, etc. Sin embargo, este año no se respetó la modalidad histórica, sino que se definió en el Congreso donde, suponemos que, un grupo de diputados y algunos rectores consensuaron esa distribución dejando fuera a más del 50 por ciento de las universidades del sistema. Esta es la primera vez que la “Planilla B” se distribuye en el Congreso.

En el Senado nos decían que era para compensar partidas, pero eso no es verdad. Esta distribución provoca un desfinanciamiento para las universidades excluidas de esa planilla, y el monto que les corresponde a las que sí están en la lista es mayor. Cabe aclarar que no todas las que están en la lista son las que tienen problemas económicos. Algunas no los tienen y además fueron anteriormente beneficiadas. Pero la mayoría de las que declaramos la emergencia económica estamos fuera de la lista. Eso es muy llamativo y no obedece a ningún criterio, sino que responde a la relación que tienen los rectores con algún legislador. Esto no tiene ninguna lógica. Cuando esa planilla salió al recinto, un grupo de legisladores de varios bloques –tengo entendido que del FPV y radicales– intentaron hacer una lista con las universidades que no estaban incluidas, para obtener algún monto que pudiera compensar esa exclusión, pero eso no fue votado por los otros bloques. Es un tema delicado, políticamente escandaloso, absolutamente arbitrario y discrecional. Es una distribución que resulta muy excluyente, ya que en la lista faltan importantes Casas de Estudio como la Universidad de la Plata, la de Cuyo, la de Tierra del Fuego, la de Comahue que está en emergencia, la de Lanús, etc. Digo esto porque no hay una explicación política partidaria en esta distribución.

¿Cuál fue la reacción de las autoridades de las distintas universidades frente a esto?

Estamos juntándonos con otros 20 rectores aproximadamente y trabajando con algunos senadores, con el fin de plantear una modificación en la distribución de los fondos de la “Planilla B”. De alguna manera la asignación económica para que funcionemos el año que viene tiene que venir por parte del Estado, que es el que tiene que garantizar la Educación Superior que está considerada como un derecho. Esto está consagrado en la Ley, pero además en un documento muy acertado del CIN que fue apoyado por todas las universidades y firmado en Cartagena de Indias durante la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe en 2008. Hay que pensar que en breve la Conferencia Regional se va a reunir en Córdoba y sería realmente un problema que, en ese contexto, las universidades quedemos relegadas del financiamiento.

Mientras las universidades declaran emergencia económica, desde el Ministerio de Educación mencionaron que el presupuesto universitario aumentaría un 44 por ciento en 2017. ¿Cómo se explica esto?

El aumento del que se habla no cubre los gastos que se realizaron este año, porque en 2016 hubo un fuerte aumento de precios, de tarifas de servicios, de impuestos, de alquileres, etc. Entonces en 2017 no vamos a tener un 44 por ciento de aumento sino mucho menos, porque no hubo una actualización en el presupuesto de este año, por lo tanto el aumento proclamado resulta insuficiente. Pareciera que ese presupuesto fue pensado con una inflación menor para el año próximo, lo cual es bastante especulativo. En Jujuy durante el plenario de rectores, el ministro Bullrich mencionó que existían 13 universidades con dificultades económicas, entre las cuales estaba la nuestra. Los rectores entendimos que se iba a dar algún tipo de respuesta. Por lo pronto este Presupuesto de Ley no supone el aumento que el Ministerio anunció en los medios, porque no soluciona los problemas económicos ya existentes y no cubre los gastos necesarios para el funcionamiento pleno de las universidades el año próximo.

¿Hay otros factores, además del presupuesto, que estén acorralando la Educación Superior?

Un factor importante es la modificación de la Ley de Educación Superior, porque todavía no tenemos ningún proyecto, ni ninguna forma de saber cómo va a ser planteada. Estamos atentos a las posibles modificaciones y a mí me gustaría saber cuáles serían. Lo que sí me parece preocupante es que los rectores no las conozcamos ya que somos quienes velamos por los intereses de las universidades. Sobre todo por las que representamos, pero también por el Sistema Universitario argentino que es un sistema único y ejemplar. Desde la reforma del 18’ hasta acá es admirado por muchos países del mundo. Entonces, cualquier modificación en la Ley creo que debe ser discutida por toda la comunidad universitaria. No solamente por los rectores sino también por todos los claustros.

En octubre, numerosas Universidades Nacionales declararon emergencia económica presupuestaria y financiera. En el caso de la Universidad Nacional de las Artes, ¿Cuáles fueron las razones que la llevaron a tomar esta medida?

Por un lado la demora en las transferencias de todo lo que tiene que ver con los contratos programa. Esto afecta directamente a los salarios. En lo que va del año, todavía no recibimos los fondos para ninguno de esos contratos que estaban listos para ser consolidados en el presupuesto, ya que se habían cumplido y rendido como corresponde. Todo esto suma un total importante hasta la fecha, unos 11 millones de pesos, aproximadamente. Pero además existe una reducción de la cuota mensual correspondiente a los salarios y cargas sociales. Sobre esto, supongo que todavía se puede poner al día antes de diciembre, considerando que el inciso 1º del Presupuesto se divide en trece cuotas, contando el aguinaldo, y que eso viene mensualmente transferido desde el Ministerio de Educación.

En diciembre del año pasado llegaron 40 millones de pesos, pero en enero de este año llegaron 37 millones, luego se fue acomodando pero nunca llegó a la suma total que debería dar por el prorrateo de cuotas. Por otro lado, hubo un fuerte aumento en todo lo que tiene que ver con tarifas e impuestos, especialmente en ABL. Nosotros ya presentamos un proyecto de ley, para que todas las universidades queden eximidas del pago de ABL y hasta ahora está circulando en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña. Además, no lo firmaron todos los bloques (tengo entendido que no fue firmado por el bloque oficialista).

Hay que considerar que los ABL son otros 3 millones de pesos aproximadamente. Luego, otros aumentos como el de las tarifas, que no fueron compensados con el refuerzo presupuestario y los intereses que generan las demoras en pagos. Sumado a todo esto, la UNA tiene muchos alquileres. Si bien todo lo que mencioné es específico de este año, nosotros ya veníamos con un problema de emergencia edilicia que ahora se agrava porque aumentaron los alquileres, los servicios, los impuestos, etc. Entonces los contratos de alquiler se volvieron un problema grave en la renovación, en la renegociación, acondicionamiento edilicio, etc. Seguimos buscando una solución definitiva al problema de infraestructura que es obtener edificios propios para la Universidad. Para eso estamos trabajando fuertemente con el Ministerio y tenemos algunos intercambios con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En este momento estamos en conflicto con la AABE en función de un amparo por la venta de un conjunto de edificios que para Nación no tenían uso y nosotros avisamos que algunos de esos edificios nos resultarían muy útiles. Entonces, más allá de este problema que requiere una solución de mediano y largo plazo, en lo inmediato necesitamos refuerzos económicos para solventar los gastos extra.

¿Esta emergencia fue declarada antes de la aprobación en el Congreso del Presupuesto 2017?

La emergencia la empezamos a pensar cuando comenzó el segundo semestre, porque hubo una manifestación por parte del Ministerio señalando que se iba a transferir lo que se adeudaba de los contratos programa. Así que esperamos a que iniciara el segundo semestre. En agosto consultamos el estado de esa resolución, pero dijeron que estaba próxima a salir. En septiembre lo mismo y entonces decidimos en octubre, empezar a trabajar con la emergencia. Empezamos a atrasarnos y había que hacer una reasignación de partidas, pero no podíamos hacerlo si la gestión no contaba con una delegación del Consejo Superior. Esto es, para poder realizar estas maniobras en términos legales, dentro de lo que es la autonomía universitaria. Así que declaramos la emergencia para poner en evidencia el problema, más de lo que ya estaba y para habilitar cuestiones legales porque no estábamos pudiendo cumplir con los compromisos presupuestados por el Consejo Superior el año pasado.

¿Qué lugar ocupa la UNA en la órbita cultural actual y cuál es su estrategia para dar este debate?

La UNA debate permanentemente estas cuestiones y muchos aspectos de la política. Esta Universidad es muy importante para la cultura argentina y en particular para la Ciudad de Buenos Aires, ya que alberga estudiantes de todo el país y de todas las extracciones sociales. Creo que en todo el país hay conciencia de la importancia de esta universidad para la cultura argentina. Incluso, considerando que el arte siempre fue una forma de producción de conocimiento más relegada que la ciencia y la tecnología. Si bien la UNA es nueva en el Sistema Universitario, muchas universidades tradicionales tienen carreras de artes. Está muy legitimada la enseñanza en artes y Argentina es un país que tiene una gran producción en la enseñanza artística. Se puede trabajar desde otros lugares, culturalmente con la toma de conciencia.

Además, hace dos años pasó de ser Instituto Universitario (IUNA) a ser Universidad Nacional (UNA).

Sí, es una universidad que nace en el 96’ como Instituto Universitario. O sea, tiene veinte años. Nosotros explotamos al máximo todos los compromisos que conllevó convertirse en Universidad. Esto fue posible por el apoyo que recibimos desde el estado nacional, hace dos años, cuando el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) pasó a ser Universidad Nacional de las Artes (UNA). En ese momento desde el Estado vieron en este crecimiento un desarrollo estratégico dentro del Sistema Universitario.

¿Todo lo referido a becas y programas fundamentales continúan vigentes?

La UNA tiene un programa de becas que está momentáneamente parado, porque al no ingresar las partidas para llevarlas adelante, no pudimos ejecutarlas. Otorgar una beca a una persona implica un compromiso que luego no podemos deshacer. Entonces decidimos no avanzar todavía, hasta que lleguen los fondos. Aún estamos esperando parte del presupuesto que debe ser destinado a becas, porque así lo determinó el Consejo Superior. Se trata de becas para estudiantes y también de subsidios a la investigación de docentes.

Con todo esto ¿se verá restringido el rol que cumple la Universidad en relación con la sociedad y el territorio?

El Presupuesto de Ley es una herramienta política, cuando se restringe el dinero para el desarrollo de programas específicos se limita la función de la Universidad a dar clases y a financiar algún nivel de investigación. En artes, la transferencia está vinculada a la producción artística. Por ejemplo, el proyecto Nexos que se hace con el Hospital Borda tiene que ver con un trabajo muy serio de estudiantes junto con docentes tutores y el equipo del Borda para acompañar el tratamiento de los pacientes internados y aquellos que se encuentran en tratamiento ambulatorio. Para que ese proyecto sea financiado tiene que haber cierto interés de que la universidad tenga contacto con el territorio. En esto teníamos el aval de la gestión previa del Ministerio que llevaba adelante este tipo de políticas, donde las Universidades debíamos ser responsables de las acciones a desarrollar en el territorio, como el proyecto Nexos. Ahora no lo veo claramente reflejado en el presupuesto lo que limitaría la puesta en práctica de este tipo de proyectos. Tampoco parece ser una prioridad para las políticas educativas actuales. Como ese, fueron limitados prácticamente todos los programas vinculados al desarrollo y la extensión. El presupuesto es determinante en este aspecto. La relación entre el dinero y la política es una relación directa y el presupuesto lo que demuestra es la prevalencia de ciertos intereses por sobre otros.

¿Qué lugar tiene el arte en la disputa por una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad? 

El arte es un modo de producción de conocimiento que abre los horizontes de la verdad, de la comprensión del mundo y por tanto lo modifica. Eso es la práctica artística desde que la humanidad se escribe y se cuenta. En la Grecia antigua, mitos y logos eran parte del conocimiento, pero luego se separó eso y el mito quedó relegado junto con la ficción y el arte. Hoy existe un trabajo por reincorporar ese aspecto de producción del conocimiento y creo que eso fue un hallazgo de esta universidad y de las políticas de Estado desarrolladas por el gobierno anterior que entendieron que el arte era parte de esa transformación. En este momento, tenemos una función más importante todavía, porque como dice Deleuze, “el arte rasga las telas del paraguas para poder espiar un rato el caos”. El arte tiene que mostrar algo de ese caos detrás del entramado de signos que indican que todo está en orden, que no hay tantos desaparecidos, que no hay presos políticos, que no hay catástrofe económica y que no existe ninguna de las situaciones que asustan. Nosotros tenemos el deber de mostrar esa falsa organización, esa tela endeble. Tenemos que mostrar que esto es sólo un encubrimiento.

Fuente: Julia Goldenberg para Página 12


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