OPINIÓN
Los muertos no pagan
Por Aldana Aguirre*
En el año 2005, bajo la consigna de que “los muertos no pagan”, Néstor Kirchner reestructuró la deuda que nos llevó al default del 2001, default que había sido producto del más fabuloso ciclo de endeudamiento externo entre los años 1976 y 2001.
En abril del 2018 la alianza PRO-UCR, mejor conocida como Cambiemos rompió un nuevo record de endeudamiento, el FMI le otorgó al gobierno de Mauricio Macri un préstamo por U$57 mil millones – llego a recibir la suma de 41.700 millones-, lo que se convertiría en el préstamo más grande de la historia del organismo y un nuevo y fabuloso ciclo de endeudamiento para nuestro país.
Llegado agosto de 2019, tras la derrota de Cambiemos en las PASO y con una deuda insostenible, Argentina entra en lo que llamamos un “default selectivo”. Es decir, se tomó la decisión política de suspender los pagos de manera selectiva, acumular intereses y fijar fechas de pago que tendrá que afrontar el siguiente gobierno. En pocas palabras: “perdimos, que paguen los que siguen”.
El pasado lunes, Argentina vuelve a acudir a una reestructuración de deuda. Otra vez el peronismo, debe hacerse cargo de las decisiones irresponsables de la derecha, de la verdadera pesada herencia.
A modo de analizar la naturaleza del problema histórico de la deuda externa, es necesario hacerse algunas preguntas: ¿Cómo, con quién y para qué nos endeudamos? ¿Cómo es el proyecto de la cámara de diputados? ¿A qué acuerdo llegó el gobierno con los principales acreedores? ¿Cuáles son los desafíos que se presentan de ahora en más?.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, bajo el pretexto de abrir la economía hacia el mundo, no solo se tomó deuda con el FMI, sino también con otros acreedores privados. Mientras el pueblo pasaba hambre y pagaba tasas altísimas para acceder a servicios esenciales como agua, luz y gas, los concentrados grupos económicos podían comprar hasta u$ 2 millones por día y por supuesto, fugarlos. El objetivo de la gestión macrista al momento de endeudarse era uno solo: sostener la timba financiera y la fuga de capitales. A esto le llamo, beneficios de clase.
Este lunes, al mismo tiempo que se llegara a un acuerdo con los principales acreedores, la cámara de diputados convirtió en ley el proyecto de reestructuración de la deuda bajo legislación argentina. Esto autoriza al gobierno a pactar dicho acuerdo, también establece que quienes no acuerden seguirán con pagos diferidos hasta el 31/12 –una parte de la pesada herencia-.
La estrategia de negociación se basó en ser sostenible política y económicamente para encarar una nueva etapa o “nueva normalidad” post pandemia. No podíamos permitirnos cooperar y poner plata, tampoco podíamos apostar al ajuste, los muertos no pagan.
El acuerdo consistió en trocar bonos defaulteados por otros de menor valor con nuevos plazos y reglas, ahorrándonos así u$33 mil millones, creando la posibilidad de revertir la situación económica en la que argentina se encuentra mucho antes de la pandemia y que por supuesto se agudizó después de ésta. Es lo que Alberto Fernández llamó “la palabra empeñada”, el compromiso de crecer económicamente y solucionar problemas contraídos por culpa del individualismo neoliberal.
Debemos hablar ahora de los desafíos que se nos presentan y las opiniones que estos merecen. Todavía nos queda negociar con el FMI, debemos conseguir alguna quita, de capitales o intereses, pero quita al fin.
Ahora bien, uno de los mayores desafíos es el compromiso de crecer económicamente. El mismo lunes del acuerdo se lanzó un nuevo PRO.CRE.AR que ataca el déficit de vivienda y reactiva la construcción, es decir activa el mercado interno. Esto es una apuesta por parte del estado a la reactivación económica, pero con eso no alcanza.
Es hora de avanzar sobre el impuesto a las grandes fortunas, esas fortunas fueron las que cuando tuvieron oportunidad fugaron sus divisas, fortunas como las de Techint son las que en medio de una pandemia no les tembló el pulso para despedir trabajadorxs. El Estado debe apostar a crear trabajo genuino y exigir a los grandes grupos económicos que paguen impuestos por monopolizar la riqueza, sin esto la sostenibilidad económica y política, pronto se tornará imposible.
Es ahora, que paguen los ricos y deje de pagar el pueblo.
(*) Aldana Aguirre, responsable del peronismo 26 de julio San Fernando

