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Más datos sobre el juicio político al fiscal Novo por encubrimiento de narcotráfico

Más datos sobre el juicio político al fiscal Novo por encubrimiento de narcotráfico

El juicio político busca determinar si el fiscal entorpeció la investigación por los crímenes de tres ciudadanos colombianos ocurridos en la zona norte del conurbano bonaerense entre 2007 y 2008. También se analizará una presentación por maltrato de personal.

En poco menos de un año, entre 2007 y 2008, tres colombianos fueron asesinados en la zona norte del conurbano. El fiscal Luis Angelini avanzó en la investigación, que apuntaba a cárteles narco e incluía a los hermanos Gustavo Adolfo y Eduardo Juliá -que tiempo después serían detenidos en España por el envío de más de 900 kilos de cocaína a Europa-. La investigación no prosperó. El funcionario judicial denunció a su superior, el fiscal General de San Isidro, Julio Novo, por obstaculizar la instrucción del expediente. La presentación derivó en un pedido de juicio político. Después de varias idas y vueltas, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense resolvió iniciar el proceso de jury contra Novo.

La resolución lleva la firma del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Carlos Hitters, tres conjueces y cuatro legisladores. San Fernando Nuestro pudo conocer como ha sido la votación: el diputado provincial Abel Buil del Frente Amplio Progresista; los senadores provinciales Nidia Moirano de Juntos por Buenos Aires y Jorge Ruesga del Frente para la Victoria, el presidente de la Suprema Corte, Juan Carlos Hitters, y un abogado de la matrícula, apoyaron la apertura del procedimiento que podría derivar en la suspensión o la destitución de Novo; mientras que el diputado nacional Marcelo D’alessandro del Frente Renovador, se opuso a dicha apertura.

El proceso de jury buscará determinar si el fiscal Novo incurrió en “incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones”, “incumplimiento de los deberes inherentes al cargo” o en la “comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido”.

“La actitud de Novo garantizó la impunidad de sectores narco”, explicó el ex diputado provincial Marcelo Saín, autor del pedido de jury, quien celebró la decisión del Jurado de Enjuiciamiento. La denuncia que presentó en 2013, además del caso de los homicidios de los colombianos, sumó denuncias de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) por maltrato de personal y de otros fiscales de esa jurisdicción que habían hecho presentaciones ante la Procuración General de la Corte.

Imputado por encubrimiento

La presentación del ex diputado provincial se basó en la denuncia que hizo Angelini ante la Justicia Federal. “Existe una inmensa actividad institucional estatal claramente dirigida a encubrir graves delitos de acción pública que ocultan, a su vez, una enorme trama de narcotráfico nacional y supranacional”, sostuvo el denunciante.

La semana pasada, la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación, citó a indagatoria al fiscal general y sus colaboradores Melisa Rey, Mariana Busse, Eduardo Vaiani y Rodrigo Caro, sospechados de encubrir una red de narcotráfico. Los acusados deberán declarar el próximo 12 de octubre.

Obstáculos en la investigación

colombianosunicenter_1rrEl 24 de julio de 2008, en el estacionamiento del shopping Unicenter, en Martínez, un sicario acribilló a balazos a los colombianos Héctor Edilson Duque Ceballos, alias “Monoteto”, y Jorge Alexander Quintero Gartner. Un año después, Juan Sebastián Galvis Ramírez recibió diez balazos en la puerta de un comercio de náutica de San Fernando. Las tres víctimas eran colombianos vinculados al narcotráfico.

Angelini y su par de San Fernando Diego Grau establecieron conexiones que llegaban hasta los hermanos Gustavo Adolfo y Eduardo Juliá, hijos del brigadier José Antonio Juliá, ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea durante el gobierno de Carlos Menem. El fiscal Angelini denunció que sus jefes no lo dejaron avanzar en las investigaciones. Meses después, los hermanos Juliá fueron detenidos en el aeropuerto de Barcelona con 944 kilos de cocaína.

Yate del colombiano asesinadoLos fiscales también vincularon los crímenes al Cartel del Norte del Valle (Colombia), ubicaron a varias personas importantes para la causa y organizaron un cronograma de entrevistas en Bogotá, Cali, Ibagüe, Medellín y Pereyra. Tenían todo listo para viajar a Colombia en agosto de 2009. En el aeropuerto de Bogotá los esperaba una comisión de investigadores locales. Pero los funcionarios judiciales argentinos nunca llegaron. A menos de 24 horas de tomar el avión, el viaje se suspendió. Se adujo un problema burocrático entre Novo y la Procuración bonaerense.

El fiscal Angelini recibió una breve y precisa explicación de Marcelo Vaiani, el número dos de Novo:

—Si no pudieron los Marines, no vas a poder vos —le dijo.

El fiscal general siguió avanzando contra Angelini: le sacó su despacho, el escritorio y la computadora.

Denuncia por maltrato a empleados

En 2010 cuatro fiscales de San Isidro le entregaron a la procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, una denuncia en mano firmada por 13 de los 46 fiscales de primera instancia en la que denunciaban a Novo por ejercer “abuso psicológico” y “violencia laboral” y reclamaban su juicio político. En diciembre de ese mismo año, la Comisión Bicameral de Juicio Político rechazó el pedido.

Investigadora y defensora de narcos

Mariana Busse, imputada en la causa por encubrimiento, fue secretaria de Novo entre febrero de 2005 y junio de 2008, cuando renunció para asumir como codefensora de Gustavo Adolfo Juliá. En 2011, después de la detención de Juliá, volvió a la fiscalía como secretaria de gestión de la unidad descentralizada de San Fernando. Su socio y pareja de Busse, Carlos Broitman (reconocido abogado de narcos), siguió a cargo de la defensa de Juliá.

La unidad descentralizada de San Fernando, a cargo en ese momento de Angelini, investigaba el crimen del comercio náutico. Según los investigadores, el objetivo de Novo al designarla en esa fiscalía era entorpecer la investigación.

El estudio que Busse compartía con Broitman también defendió a uno de los acusados por el triple crimen de General Rodríguez, al narco colombiano Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, y a su compatriota Andrés Mauricio Sánchez Gálvez, detenido en el marco de la causa por narcotráfico en el country Nordelta de Tigre.

Fuente: Infojus Noticias y propia // Foto: Zona Norte Diario y Télam

 


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