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Tensa sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante por el cierre de los bachilleratos de adultos

25 marzo, 2018

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Por Sabrina García

Aún no se inició el periodo ordinario pero el Concejo Deliberante de San Fernando pero ya lleva cuatro sesiones extraordinarias para dar tratamiento de temas urgentes. Los últimos tres encuentros legislativos estuvieron vinculados a educación, en esta oportunidad a la medida implementada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires sobre el cierre de los Bachilleratos de Adultos (BAO) y los Centros de Formación Profesional (CFP).

Con la presencia de casi todo el cuerpo legislativo (faltó el concejal de Cambiemos, Alex Campbell) se dio una sesión extraordinaria para dar tratamiento a un expediente iniciado por los bloques de Unidad Ciudadana y Frente Renovador en el que se cuestiona la medida del gobierno de la Provincia de Buenos Aires que establece el cierre de los Bachilleratos de Adultos como el traspaso de los Centros de Formación Profesional del ámbito educativo al Ministerio de Trabajo.

Durante la sesión estuvieron presentes algunos directivos de los BAO y CFP, que previamente habían asistido a la reunión de Comisión con concejales y el gremio de SUTEBA. Al respecto, David Olijavetsky, director del Centro de Formación Profesional N° 402 ubicado en el delta sanfernandino (Paraná Miní y Canal 4), expresó sobre la medida del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires: “La resolución especifica que los Centro de Formación Profesional pasan a la órbita del Ministerio de Trabajo. De esta manera se vulneran un montón de derechos adquiridos como trabajadores y además de los estudiantes porque digamos que la certificación van a carecer de la validez que actualmente tienen. Fue una decisión inconsulta, de manera unilateral, que viola le ley de educación técnico profesional”.

“No queda claro el uso del presupuesto aprobado para la cartera de educación. Hay zonas grises que deja abierta la posibilidad de un futuro arancelamiento. Básicamente cambia el espíritu de la formación profesional que prepara integralmente a un trabajador como persona sujeta a derecho capaz de insertarse laboralmente y no como una mano de obra empleable. No es lo mismo ser trabajador que empleado”, explicó Olijavetsky.

“Además hay cuestiones burocráticas administrativas como quedarnos sin transporte. Con esta medida nos quedamos sin transporte porque a nosotros nos los paga la Dirección de Transporte de la Dirección General de Cultura y Educación. Ya nos avisaron que tenemos que pagarnos el pasaje y cuesta $350 pesos por día”, agregó el director sobre la medida.

Y opinó: “Creemos que es un cierre encubierto donde se vulneran todos los derechos adquiridos como el Estatuto Docente, la Jubilación, un régimen de contratación a través del monotributo. Además está el dato que la clave única de gestión administrativa que es la que nos da la transferencia de recursos para insumos, lo deberíamos gestionar administrativamente por la Digep (Dirección General de Educación Privada), por eso que decimos que estamos a un paso de arancelar los CFP”.

El director del CFP de isla también se refirió al Instituto de Previsión Social, caja de jubilación que poseen los docentes, según Olijavetsky la medida impacta directamente en el sistema jubilatorio: “Somos 700 mil empleados que aportamos al IPS que aportamos el 16% de nuestro salario (en lugar del 12% que aportan los trabajadores a ANSES) y por eso accedemos a mejores condiciones jubilatorias. En diciembre la gobernadora intentó avasallar al IPS y como no quieren pagar el costo político de destruirlo lo vacían de trabajadores. Fortalecen a ANSES y debilitan al IPS”.

En cuanto a la sesión llevada a cabo en el Concejo Deliberante, Olijavetsky, manifestó: “Tanto Unidad Ciudadana como el Frente Renovador nos mostró solidaridad con nuestra causa, con el compromiso de apoyarnos y darnos la posibilidad de participar en Comisión. El concejal Nacho Álvarez hizo mención a los 1600 estudiantes que se les vulneran sus derechos con esta decisión tanto en los CFP como en los cuatro bachilleratos de adultos”.

“Participamos previamente de la Comisión y pudimos argumentar los motivos que nos preocupan de la Resolución. Tardíamente apareció el bloque de Cambiemos con una posición un tanto inflexible al no reconocer. Yo les manifesté que la educación es un derecho humano, básico e inalienable del cual el estado se tiene que hacer cargo y que ellos como bloque compuesto por el radicalismo, que nosotros entendemos defiende a la educación pública, nos parecía una buena oportunidad para manifestarse a favor de ésto pero nos dijeron que no podían solucionar nada desde acá. Se ofrecieron ser como un nexo pero nosotros ya tenemos los espacios institucionales para charlar estos temas”, destacó Olijavetsky.

El cierre de los bachilleratos

Así como David, también participaron de la Comisión y de la sesión directoras de los bachilleratos de adultos: Gabriela, Vanesa y Carina. Ellas también compartieron su mirada sobre el cierre de los BAO y la incertidumbre que atraviesan.

Carina comentó cuándo y cómo se enteraron que cerraban los BAOs: “En diciembre pasado socializaron la Resolución 1657, consulté a la inspectora y me dijo que eso no nos correspondía a nosotros. El 22 de febrero mandaron por mail la Resolución y al otros día nos convocaron para decirnos que se levaba adelante y que nosotros éramos los principales afectados por la medida”, dijo y agregó que “nosotros informamos que en diciembre y en febrero se había inscripto a los alumnos. Nos respondieron que los teníamos que derivar en sede inspectores para que les digan a dónde iban a ir a estudiar”.

Consultada sobre la información que circulo sobre retrotraerse en la medida, Carina comentó: “No hay nada. La medida abarca a todo el nivel secundario. Todo chico que cumpla 18 años tiene que ser expulsado de la secundaria y derivarlo a un CENS o a un FinEs”, y añadió: “Esta medida sólo afecta a la escuela pública porque en el Colegio San Pablo, por ejemplo, siguen funcionando con el bachillerato de adultos”.

Por su parte, Gabriela expresó: “Vemos que se está vulnerando el derecho a las familias. Al cerrar los bachilleratos la gente tiene que ir a otra escuela que no es la del barrio ni la que eligió para estudiar. Sin hablar de los docentes que pierden su fuente laboral”.

“La resolución indicaba que las clases arrancaron en el mes de abril. En San Fernando, nos pusimos muy fuertes las directoras que tenemos secundario para adultos que somos la secundaria N°1, N° 3, N° 2 y N° 8, y en una reunión dijimos que teníamos los docentes en las escuelas y los alumnos en las casas. Pedimos que los alumnos estuvieran en la escuela mientras se resuelve este conflicto. Por eso desde el 15 de marzo están en clase pero no sabemos en qué formato”, detalló Gabriela.

Y agregó: “También la medida conduce a que los alumnos de entre 15 y 17 años estudien con los formatos de aulas de aceleración que transforma un secundario de seis años en tres. Si hablan de mejorar la calidad educativa claramente no vamos en ese camino”.